“Aquí también una de las cosas que queremos hacer es que hay muchos delitos. El acto de corrupción no implica nada más el quehacer propio de las atribuciones del servidor público, sino implica otras cosas más allá (…) Entonces la idea es agotar todas las instancias jurídicas existentes para que no solo se canalice en un solo sentido. Vamos hacer valer no solo administrativo, sino hacer que cumplan con todo el marco jurídico que incluye la penal y mercantil”, dijo.
Además, sostuvo que en buscará usar todos los elementos, pues dijo que el gobierno solo se ha acostumbrado a usar la materia administrativa y eso ha provocado que las personas abusen al no tener un castigo “fuerte”, por lo que enfatizó que se debe sancionar los actos de corrupción cometidos por los privados como por los servidores públicos.
“Tenemos usar todos los elementos, la materia penal existe, la materia mercantil existe, la materia civil existe nada más que no la utilizamos. El gobierno estaba acostumbrado a solo usar materia administrativa y la gente ha abusado mucho que no tiene una sanción realmente fuerte cuando comete actos. Lo único que estamos diciendo es que vamos a utilizar todas las disposiciones jurídicas y legales”, mencionó al finalizar su comparecencia.
Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, previa a su ratificación como titular dela SFP -que después se llamará Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno- también defendió la desaparición del INAI, junto a seis órganos autónomos más, al asegurar que se “desvirtuó” su objetivo por el que fue creado.
“Lo que pasó con el INAI y que pasó en otros países, y por eso dejaron de ser autónomos, es que se desvirtuó el objetivo con el que fueron creados. Son aparatos que resultan onerosos, que resultan costosos y que por una alguna razón u otra no dieron resultado. Entonces como no dieron resultado lo que se está haciendo es una propuesta que al final en lo que consiste es de hacer el uso de recursos más eficiente”, dijo la funcionaria.
Además mencionó que la desaparición del Instituto, así como los otros órganos autónomos, no viola los términos del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y justificó esta reforma al señalar que en dichos países de América del Norte no cuentan con instancias autónomas de transparencia y protección de datos personales.
Su ratificación fue avalada en las comisiones de Gobernación y Anticorrupción y Transparencia del Senado con 21 votos a favor y dos en contra, por lo que ahora será discutido su nombramiento en el pleno de la Cámara alta.
