También la reforma menciona que amerita prisión preventiva oficiosa los delitos graves que determine la ley en contra de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Además, sostiene que para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
Los artículos transitorios señalan que las legislativas de los estados tendrán 65 para adecuar las normativas necesarias para cumplir con estas reformas; mientras el Congreso de la Unión contará hasta con 180 días para armonizar el marco jurídico en torno a estos cambios constitucionales.
Esta es una de las 20 reformas que propuso en febrero de este año el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, la propuesta original fue modificada en las comisiones de la Cámara de Diputados.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar decretada en automático por un juez. Esta medida es utilizada en casos “graves”.
El panista Ricardo Anaya señaló que con esta reforma se comete un “atropello”, pues dijo que quiere a los delincuentes en la cárcel y no a la “gente pobre e inocente”, y explicó que una es prisión preventiva como medida cautelar, cuando se justifica, y la otra es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso, sin sentencia, se vaya dos años a la cárcel.
“Esto de la prisión preventiva oficiosa no es un invento de ustedes, viene desde el sexenio de Felipe Calderón. No perpetuemos una figura que es violatoria de los derechos humanos, que viola la presunción de inocencia”, comentó el panista y recordó que el alto comisionado para los derechos humanos envió una carta a los legisladores, donde les pidió no aprobar esta reforma.
Mientras, Alejandra Barrales comentó que esta es una medida que representa una violación flagrante a los derechos humanos al quitarles a las personas la presunción de inocencia, y aseguró que esta medida disminuya la criminalidad en el país.
“Porque simple y sencillamente se envía a prisión a las personas sin haber sido juzgadas. Estamos hablando de la prisión preventiva automática. Estamos en contra porque la ampliación de la prisión preventiva no mejora el sistema de justicia, sino la debilita. El uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa obstaculiza una evaluación individualizada”, declaró.
Además agregó que una de cada mujeres no tienen sentencia, por lo que comentó que a este sector es a quien más afecta.
Mientras, la priista Claudia Anaya recordó que existe la prisión preventiva justificada, pues dijo que cada vez que hay riesgo de que se fugue la persona que se investiga, el Ministerio Público pida esta medida. A lo que criticó que cada vez se amplia el catálogo.
En caso contrario, el morenista Alejandro Murat comentó que esta reforma busca suplir las "lagunas" que han utilizado los delincuentes para tener impunidad. Enfatizó que la prisión preventiva es una medida cautelar, por lo que mencionó que para tomarla en cuenta se debió vincular a proceso al imputado; es decir, dijo, "que existen elementos suficientes para considerar que la persona sí participó en los hechos que la ley señala como delito".
