Elevan exigencias
El Comité de Evaluación integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió más tarde su convocatoria para recibir la documentación de quienes aspiran a un cargo judicial, y en ella contempló requisitos reforzados.
Por ejemplo, se estableció la obligación de aprobar un examen de conocimientos por escrito, mismo que será elaborado con propuestas de la Escuela Federal de Formación Judicial y diversas instituciones y centros de investigación.
La honestidad y buena fama no tendrán puntaje pero se dará por sentado salvo pruebas en contrario, por lo que se habilitará un micrositio para que cualquier persona interesada pueda aportar pruebas que demuestren que una persona aspirante carece de honestidad y/o buena reputación o fama pública.
La prueba tendrá un valor de 40% de la calificación correspondiente a la evaluación de idoneidad; la formación y actividades académicas 40% y la entrevista 20%.
El examen será los días 13 y 14 de enero para el caso de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Serán del 15 al 17 de enero para magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y quienes aspiren a ser titulares de juzgados.
Además se realizará una entrevista pública con valor de 20% dentro de la evaluación de idoneidad Esta fase será del 15 al 23 de enero.
Empero, solamente se entrevistará a los aspirantes a cargos de ministros y ministras de la SCJN, magistrados y magistrados del Tribunal de Disciplina judicial y los de la Sala Superior y Salas Regionales del TEPJF.
El Comité de la Corte elevó los estándares para aquellos que quieran un cargo, de modo que se establece una metodología específica para someter a revisión el historial académico de las personas interesadas, y un sistema de puntajes para evaluar la actividad profesional, la formación académica y la actividad académica.
El puntaje de esta fase será de 40% dentro de la evaluación general de idoneidad. De ese porcentaje, a su vez el 40% corresponderá a la actividad profesional comprobable, otro 40% la formación académica y el 20% a la actividad académica.
Acciones afirmativas
A diferencia de la convocatoria emitida por el Poder Legislativo, una vez que se definen los perfiles idóneos, y antes de proceder a la tómbola se prevé la posibilidad de empates en los listados de las personas mejor evaluadas.
En esta fase se establece que el comité aplicará acciones afirmativas de interculturalidad, discapacidad y género, “dando prioridad a personas elegibles que presenta en dos o más condiciones de vulnerabilidad, posteriormente personas con discapacidad, personas indígenas y finalmente personas no binarias u otros integrantes del colectivo LGBTIQ+”.
Si el empate fuese en un circuito con alta presencia indígena o afromexicana se priorizará a quien se autoadscriba como perteneciente a algún grupo o comunidad con presencia en ese circuito. “En caso de personas no binarias, ocuparon cargos destinados a género indistinto”.
Asimismo se incluye la posibilidad de “ajustes razonables” cuando el aspirante tuviera alguna condición de discapacidad y necesitara alguna condición como mobiliario, cambio en la modalidad de las comparecencias, pausas cognitivas, formatos de lectura fácil, flexibilidad en el horario, interpretación en lengua de señas mexicana, comunicación en Braille, personal de apoyo o animal de asistencia, entre otras para poder participar en igualdad.
También se establecen causas de descalificación, entre ellas el haber proporcionado información falsa o haber incurrido en omisiones o irregularidad. En general la descalificación procede ante “cualquier conducta que se traduzca en deshonestidad académica y profesional durante las evaluaciones”.
También será causa de descalificación realizar trámites, sostener entrevistas o gestionar su proceso con cualquier persona involucrada en el proceso del CE.