En la discusión, la oposición apoyó la modificación, pero criticó que esta reforma sólo contemplara a los trabajadores formales.
La senadora priista Mely Romero señaló que en la propuesta fueron excluidos 50% de la población que labora de manera informal, como los campesinos, tianguistas, taxistas, operadores de aplicaciones, por lo que dijo que es necesario legislar en esta materia.
“Nos hace falta un plan para impulsar el trabajo formal, para que más familias en México tengan acceso a estos programas. Hay millones de mexicanos, mexicanas que sí quieren trabajar, que sí pueden trabajar para sacar a su familia adelante, y ustedes los dejan de ver cuando afirman desde esta tribuna que no quieren enseñar a pescar y que no quieren facilitar la actividad”, dijo la priista.
En tanto, el panista Miguel Márquez mencionó que si bien la modificación plantear que el Infonavit no sólo brinde créditos para la compra o mejora de vivienda, sino que ahora podrá construir vivienda y ofrecerá un nuevo esquema de arrendamiento social, también deja a un lado a los jóvenes.
“Nos preocupan las y los jóvenes, no hay que olvidarlos. Incorporemos en la Constitución un programa para que puedan tener acceso a créditos con tasas fijas y accesibles para adquirir una vivienda, para construir un patrimonio”, declaró.
Mientras, la morenista Sasil de León sostuvo que la modificación a la Constitución es "una deuda histórica" con los trabajadores, pues dijo que el Infonavit regresa a construir viviendas con "orientación social".
"Esta reforma establece la posibilidad de que el Infonavit vuelva a construir viviendas con una orientación social clara y precisa, garantizando que las personas trabajadoras accedan a una vivienda de calidad, en ubicaciones adecuadas y con precios accesibles. Este derecho va más allá de un simple techo, es la base sobre la cual se construyen otros derechos humanos, como la educación, la salud y la seguridad", dijo la senadora.
En esta reforma se señala que el Infonavit establecerá un sistema de vivienda con orientación social para los trabajadores, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda.
También menciona que en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se establecerá los términos y condiciones para que los trabajadores puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, el cual no podrá exceder de 30% de su salario.
“En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho”, se menciona en la reforma.
Estipula que una vez que entre en vigor esta modificación constitucional, el Congreso de la Unión tendrá hasta 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Y enfatiza que para reivindicar la orientación social del Infonavit, en no más de 180 días naturales, deberá implementar un programa de eficiencia operativa que permita hacer una reducción de costos del Instituto.