Ahora las personas indígenas para acceder a la justicia, tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico y perspectiva de género; también se deberá promover la educación en su lengua, difundir y fomentar su cultura, así como el desarrollo de la medicina tradicional.
Aunque la oposición (PRI, PAN, MC) estuvo de acuerdo con la reforma, cuestionó el presupuesto para implementar las modificaciones y señalaron que estos cambios constitucionales no resuelven los problemas que han con esta población.
En su participación, la senadora Alejandra Barrales señaló que los pueblos indígenas representan casi el 20% de la población en México, por lo que 2 de cada 10 mexicanos serán impactados por esta reforma.
La emecista dijo que la bancada de Movimiento Ciudadano respalda estas modificaciones, pero sostuvo que esta reforma no resuelve “del todo” los pendientes que hay en relación a las comunidades indígenas.
“No resuelve del todo grandes pendientes que a todos no preocupan y nos ocupan, como –un dato reciente- que 50% de mujeres indígenas en el país han sido víctimas de violencia física o de violencia sexual, lo cual es un dato alarmante. Por ello, es vital para que se respeten y reconozcan los derechos de niñas y mujeres indígenas a la educación, justicia, atención médica y a participar en la toma de decisiones de todos los asuntos que a esta comunidad le afecta”, dijo la emecista.
Mientras, la senadora Mely Romero señaló que es necesario recursos públicos para desarrollar las acciones que se mencionan en la reforma, por lo que pidió a sus compañeros ser “serios” en la legislación de leyes secundarias y motivar al Gobierno federal para que “en verdad” instrumente los programas que se mencionan con los nuevos cambios.
“Discursar visibiliza; legislar, garantiza, pero es el ejecutar el que materializa. Secundando el planteamiento de algunos compañero: reitero que si debemos entrarle de manera responsable a las leyes secundarias y que debemos de motivar al gobierno -que será el ejecuto- a que de verdad instrumente los programas y definamos como se lograran las metas y quienes serán los responsables y cuánto presupuso se va destinar para lograrlo”, declaró la priista.
Mientras, la senadora por Morena Malú Micher pidió que en las reforma secundarias en esta materia se tipifique como delito la venta de niñas y los matrimonios forzados.
"Es una preocupación que pongo sobre la mesa porque sé que viene las leyes secundarias. Mi preocupación es en el tema de las costumbres y tradiciones. Hemos estado luchando contra la venta de niñas y matrimonio forzado y todas estas costumbres que, espero, en leyes secundarias, porque así lo legislado, lo tipifiquemos como delito", dijo.
