El abogado Raúl Andrade, quien lleva el caso, explicó que “la Fundación Iris se dedica especialmente a proteger y ayudar a personas víctimas del delito, en particular mujeres que son víctimas y con estos cambios se podrían violar derechos de éstas, como son el acceso a una justicia imparcial”.
Dijo que el recurso jurídico procedió porque lo interpuso antes de que se concretara la aprobación de la reforma constitucional –lo que no ha ocurrido pues no se ha promulgado- y entre otros argumentos están violaciones al proceso legislativo, pues el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados ordena la dictaminación de iniciativas en plazos definidos, lo que no se realizó por la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que el plazo precluyó.
Además el dictamen de Reforma Judicial que avaló a destiempo la Comisión de Puntos Constitucionales también precluyó con el fin de la 65 Legislatura, y se pretende su aprobación por otra Legislatura sin que sus integrantes la analicen, y a todo eso se suma que “de acuerdo a su contenido se desprende que se atentaría contra la independencia judicial y la división de poderes”.
También, dijo, se vulnerarían los derechos humanos, ya que “ninguna persona puede ser privada de un derecho salvo juicio en el que sea oído y vencido y a los jueces no se les ha iniciado un procedimiento en el que puedan defenderse”, pero la reforma los destituirá de sus cargos sin motivo.
Eso, a su vez, atentaría contra el principio de inamovilidad de los jueces, lo que ya ha sido protegido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se afectaría al sistema de justicia al introducir elementos políticos en la elección de jueces y magistrados, con lo que las víctimas no tendrían garantía de justicia imparcial.
El abogado expuso que la pretensión al no publicarse la reforma judicial es que no entre en vigor para detener las afectaciones.
Aclaró que si bien promovió el amparo ante el juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Francisco Javier García Contreras, al no tener la suspensión requerida tuvo que recurrir a la queja al Tribunal Colegiado, mismo que por unanimidad se la concedió.
En las últimas semanas, jueces han emitido varias suspensiones en contra de la Reforma Judicial. Los legisladores de Morena y aliados los han ignorado.
