Presentado el domingo, en medio de la dictaminación de la Reforma Judicial en el Senado ya como Cámara revisora, y apunto de subir al debate en el pleno, el documento de propuesta, a diferencia de la iniciativa presidencial, toca temas relativos a la seguridad pública, sistema de justicia, trabajo de las fiscalías, de las defensorías públicas y relativos a los delitos de feminicidio y atención a la víctimas, incluso el sistema penitenciario.
Por ejemplo, en materia de seguridad pública se pide “reorientar las políticas” en ese rubro y “promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño”, y se indica la necesidad de que las fuerzas de seguridad sean civiles, es decir, que se cumpla la Constitución.
Eso implica “avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como garantizar la participación ciudadana en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad”, además de fortalecer tareas civiles de combate a la inseguridad.
Asimismo se plantea que se debe cumplir la Constitución y avanzar en el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública civiles, “mediante un diagnóstico detallado de cada fuerza policial para identificar sus debilidades y necesidades, asignando un presupuesto adecuado para garantizar prestaciones dignas, equipo y personal”.
Otro tema tiene que ver con las figuras de prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Aunque México ha firmado convenios internacionales que consideran que ambas son violatorias de los derechos humanos, el presidente y la mayoría de Morena en el Congreso se han negado a derogar esas figuras.
La propuesta de la ministra busca quitar la prisión preventiva de oficio del marco jurídico, pues “propicia la privación arbitraria de la libertad”, además de ser incompatibles con las obligaciones que asumió México en convenciones internacionales.
Piña plantea ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo y de manera particular “incorporar la posibilidad de otorgar suspensiones con efectos generales en casos de graves violaciones a derechos humanos''.
Sin embargo Morena y sus aliados aprobaron en abril pasado reformas a los artículos 129 y 148 de la ley de Amparo –que ya están en vigor- para quitar esa facultad a los jueces, pues se estableció que “en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”, lo que implica que no podrá anularse la aplicación de una ley que haya sido cuestionada, sino sólo para quien tramite y gane su amparo.
En su propuesta Piña plantea fortalecer mecanismos como la declaración general de inconstitucionalidad.
“El alcance actual del fenómeno de violaciones graves a derechos humanos exige la necesidad de pensar en figuras procesales que puedan aportar modelos colectivos de impartición de justicia frente a fenómenos o actos recurrentes de gran alcance. En el derecho comparado existen modelos como el del “estado de cosas inconstitucional”, se propone como alternativa.
Pero esta propuesta contraviene el interés de Morena y sus aliados, patente en octubre de 2023 y en febrero de 2024, en que vía una iniciativa de reforma a la ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional buscaron acotar la posibilidad de que los jueces puedan, vía amparo, conocer casos en los que no se logra mayoría de ministros de la SCJN para invalidar una norma, y que esos juzgadores sí puedan declarar la invalidez de normas con efectos generales.
Eso pasó cuando se frenaron obras del Tren Maya, el AIFA o la Ley de la Industria Eléctrica, en algunos casos con argumentos precisamente de afectación a derechos humanos.
