Aunque los recursos están presupuestados, los trabajadores están siendo obligados a renunciar a fines de ese mes, pese a que la 66 Legislatura concluye hasta el 31 de agosto, por lo que este martes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, trabajadores parlamentarios se movilizaron en protesta.
Ese “uso y costumbre” que violenta los derechos laborales de los trabajadores de las Cámaras del Congreso mexicano no ha cambiado, pese a que la mayoría legislativa la tiene ahora Morena y sus aliados, y lo mismo ocurrió desde hace años antes, cuando el partido mayoritario era el Revolucionario Institucional (PRI) y cuando lo fue Acción Nacional (PAN)
Cada tres años es lo mismo pues de mayo a junio antes del fin de Legislatura, en la expectativa de ser recontratados, los asesores son conminados a trabajar gratis con los legisladores con la esperanza de tener trabajo tras la elección, si los diputados o senadores ganan su elección y u nuevo cargo.
Las dos Cámaras tienen previsto el presupuesto para el personal hasta el fin de la legislatura, pero, en el mejor de los casos el personal sí cobra sus últimos meses de la legislatura, pero a cuenta de liquidación, aunque eso es ilegal.
“Presupuestan todo cada año para decir aquí no debe faltar ningún cinco” y así no preveer las liquidaciones, “esto no es nuevo, esto ocurre siempre, yo lo veo desde que entré en la 59 Legislatura”, declaró Ricardo, uno de los trabajadores de Cámara desde hace 20 años y que estuvo en las protestas de hoy.
Los empleados se movilizaron en la explanada de la Cámara de Diputados y en el Senado en las afueras de su sede, sobre el Jardín Pasteur, en el que también reclamaron haber sido avisados de que a fin de mes concluirán sus funciones, pese a que la legislatura, y a sí fueron contratados, concluye el 31 de agosto.
Además, en el Senado se vive una situación peor, pues, desde 2018, al inicio de la Legislatura, los senadores acordaron que ellos recibirían la bolsa de recursos de sus trabajadores y, en mano, ellos pagarían a sus asesores, lo cual es notoriamente ilegal, denunció la diputada Prieto Terrazas.
Expuso que la senadora Ifigenia Martínez pidió a la presidenta del Senado que se les pagara a sus asesores “y sorprendentemente, por escrito, le contestó que, por acuerdo de la Jucopo, a todos los asesores y trabajadores contratados –de manera ilegal– por servicios profesionales, sólo se les pagaría hasta el 30 de abril y tendrán una gratificación por seis años de servicio, a todas luces este acuerdo, es ilegal”.
Para pagarles “autorizamos todas y todos el presupuesto de egresos y les quieren robar su salario”, por lo que no se justifica decirles que no tendrán liquidación.
“Hoy los asesores de la Cámara de Senadores están con la zozobra de ver si con la venia de su señor senador les entregan sus salarios de los últimos dos meses”, en tanto que en la Cámara de Diputados les dicen que no les van a pagar su indemnización cuando ilegalmente los tienen contratados como trabajadores de prestación de servicios profesionales.
Hay, afirmó, relaciones obrero-patronales con esta Cámara por lo que tienen derecho al salario.
