Senado avala informe de Fuerzas Armadas; revive debate sobre “militarización”

Para la oposición fueron las Fuerzas Armadas las que incumplieron con la reforma constitucional que ordenó que semestralmente se informaran avances y la ruta de regreso a una Guardia Nacional civil; en cambio para Morena y sus aliados fueron las entidades las que se negaron a marcar cuándo y dónde avanzar a la desmilitarización.

Por eso, al imponerse el voto mayoritario de los partidos de la cuarta transformación, en el dictamen se ordenó a los gobernadores a en 60 días a partir de la aprobación del informe, reportar al Senado la “ruta para el retiro gradual de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública” y sobre las tareas que de acuerdo a sus facultades han realizado en materia de seguridad pública, pues de lo contrario la Comisión Bicameral “dará cuenta” del incumplimiento.

Los mandatarios estatales deberán informar una “ruta para determinar de forma anual donde ya no es necesaria la presencia de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad pública, otorgando a las policías civiles su papel” y medidas para el fortalecimiento en materia presupuestal para policías locales. Municipios y Entidades Federativas.

En el reporte deberán indicar seis rubros, entre ellos “el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública”; el uso y destino de los recursos previstos en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, “sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020”.

Ejército en el banquillo

El informe semestral debió rendirse el 19 de mayo, ser dictaminado y analizado por el pleno del Senado, pero eso ocurrió casi medio año después.

En la discusión los senadores se confrontaron por los resultados de la estrategia de seguridad pública, para Morena y sus aliados exitosa, y para la oposición un fracaso, por la supuesta militarización, la violación a los derechos humanos, el aumento de la violencia e inseguridad.

Martha Márquez, del Partido del Trabajo (PT), evidenció que la falla es en los estados, pues casi no hay policías estatales ni municipales y cuando las hay tienen un bajo nivel de confianza con respecto a la Guardia Nacional, “¿y qué partidos gobiernan ahí?”, cuestionó.

“En México hay dos mil 469 municipios, por lo que, de no existir policía en 651 municipios del país, es el 26.4 % (pero) la policía municipal tiene un nivel de confianza, el más bajo de 26.8 %; la policía estatal, del 30.8 % , la Guardia Nacional tiene un 48.4 % y la Marina del 87.3 %, el Ejército tiene del 83.9 %; la Guardia Nacional tiene un nivel de confianza del 76.9... por eso hoy estoy aquí respaldando la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador”, advirtió.

Sin embargo los senadores sin partido Emilio Álvarez Icaza y Claudia Ruiz Massieu acusaron que hay una militarización evidente y hay la intención de, otra vez, incumplir los acuerdos políticos respecto a que se trabajaría por retirar a las fuerzas armadas paulatinamente y el Senado vigilaría que el uso de la fuerza no fuera generalizada ni definitiva, sino controlada y temporal.

“Se dijo que la ampliación del plazo hasta el 2028 se iba a acompañar del establecimiento de un mecanismo de control parlamentario” pero este es inexistente y la Comisión Bicamaral que revisaría su actuación “se creó para convalidar mecánicamente y buscar legitimar la acción inconstitucional” de la Fuerza Armada permanente , acusó Ruiz Massieu.

“Hasta la fecha, más del 70 % de los elementos que conforman la Guardia Nacional provienen del Ejercito Mexicano o de la Marina Armada de México, menos de la mitad tienen el Certificado Único Policial, que ya deberían tener para poder actuar como policías civiles. El saldo de estos cuatro años de operación de la Guardia Nacional difícilmente podría ser más negativo”, reclamó.

La senadora Claudia Anaya, del Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó el incumplimiento, incluso en informar pues los documentos proporcionados fueron testados.

“¿Cuál fiscalización?, el reporte es completamente nulo, completamente velado, un reporte que viene testado de principio a fin para impedir de que tengamos conocimiento de qué es lo que están haciendo las fuerzas armadas ya ni siquiera en tareas de seguridad pública, en tareas de asistencia pública, ¿qué no se supone que eso lo hacían los cuervos de la nación?”, cuestionó.

“Prescindir de la fuerzas armadas para que nos ayuden en tareas de seguridad pública, ni 2028, ni 2050, ni 2099, al paso que vamos las fuerzas armadas no sólo van a hacer tareas de seguridad pública, van a acabar administrandolo todo” dijo la priista al recordar que ya son cientos las tareas civiles asignadas al Ejército.

Los gobernadores, corresponsables

“En este periodo no se hizo absolutamente nada” para avanzar hacia el retitro de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, alertó tambioén Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

“El informe no acredita que las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad estén realizadas conforme a los parámetros de convencionalidad; es decir, que su actuación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria (…) el informe no abona tampoco a la construcción de una ruta de salida, calendarizada, de las Fuerzas Armadas y eso es preocupante”, acusó.

Para el emecista “aprobar este informe significa seguir avalando el fracaso de una estrategia de seguridad fallida, que no ha disminuido la incidencia delictiva y la impunidad y que sigue incrementando el despliegue de las Fuerzas Armadas sin que existan criterios objetivos para medir sus resultados”.

El panista Damián Zepeda cuestionó la falta de resultados de la Guardia Nacional.

Sin embargo por el Partido Verde el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, expriísta e impulsor del voto tricolor a favor de que se ampliara el uso de las Fuerzas Armadas hasta 2028, defendió su voto entonces y ahora, a favor.

“A nadie se le pide aplaudir la estrategia” pero hay avances, dijo y “el mecanismo empieza a funcionar”.

Reconoció que hay desinformación, por ejemplo, sobre el ejercicio presupuestal de las tareas de las Fuerzas Armadas en seguridad y tampoco tuvo respuesta su pregunta sobre el respaldo social que tiene hoy el crimen organizado.

Pero sobre los resultados, responsabilizó a las entidades, pues 17 de ellas pidieron la presencia de la Marina y son entidades como Guanajuato las que no pueden culpar a la federación por el aumento de la criminalidad.

“¿Saben quienes se negaron a recibir información? El dictamen dice que no podemos definir el tiempo de retiro porque no contamos con la información suficiente, porque esa información nos la tienen que dar los estados, los señores gobernadores simplemente no quisieron venir”, acusó.

Pero ahora en el dictamen tendrán un mandato: “en 60 días todos los gobernadores tendrán que dar cuenta a este Senado de los datos que les estamos pidiendo, si no lo hacen serán exhibidos”, dijo el expriísta.