El Senado aprobó en comisiones una nueva Ley General de Población que propone crear una Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía, obligatoria para ciudadanos menores de edad o adultos y con vigencia de 15 años.
El nuevo documento sería expedido por la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población y aunque incluirá como datos biométricos las huellas dactilares, se contempla que para generar el nuevo documento no habrá presupuesto adicional al autorizado.
Se establece en el dictamen que habrá tres instrumentos: un Registro Nacional de Ciudadanos, un Registro de Niñas, Niños y Adolescentes -menores de 18 años y con datos de los registros civiles-- y un Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.
🔴 Reunión de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, del 25 de septiembre de 2023. https://t.co/beFPyAtQdl
— Senado de México (@senadomexicano) September 25, 2023
Las y los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro, y deberán tramitar su renovación dentro de los 30 días siguientes a que venza ese registro (15 años) y “ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la CURP con foto”.
La CURP con foto contendría al menos nombre y apellidos, Clave Única de Registro de Población, fotografía del titular, lugar de nacimiento; fecha de nacimiento, y firma y huellas dactilares.
En sesión de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, la mayoría de Morena y sus aliados -quienes no defendieron el dictamen- aprobaron la dispensa de trámites para la aprobación exprés del dictamen, con 15 votos de ambas comisiones en pro y 12 contra, de legisladores de oposición.
El senador Miguel Ángel Manera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que se ignoró a las entidades federativas, mismas que deben formar parte de las políticas de población y evidenció que no se explica, como exige la ley, qué finalidad tiene el Registro.
Tan sólo la protección de datos biométricos son carísimos y deben resguardarse, de lo contrario -alertó la senadora Claudia Anaya Mota, del Revolucionario Institucional (PRI) habrá casos de suplantación y robo de identidad.
El senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, criticó el dictamen, pues como muchos otros plantea gasto cero, aunque la sola recolección de datos biométricos será imposibles sin gasto adicional.
Demandó la inclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en la toma de decisiones del Consejo Nacional de Población y cambios para prohibir la difusión de datos de los menores de edad.
Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que ha habido diversos intentos para ese tipo de datos, y pareciera que se trata de una pugna entre un gobierno que quiere tener su documento oficial, contra e Instituto Nacional Electoral (INE) y la credencial, pero vio en el dictamen laxitud en los controles sobre un eventual registro.
Advirtió que la intención pareciera ser controlar las políticas educativas entorno a la educación sexual y por ello el legislador Alfredo Botello, planteó que la reforma propuesta es inconstitucional, invade competencias de las secretarías de Educación y de Salud, da facultades de interpretación a la Secretaría de Gobernación y tendrá un impacto presupuestal importante y no reconocido.
Los cuatro senadores destacaron que no se prevé la suficiencia presupuestal para hacer cumplir la Ley que se propone, por ejemplo, con relación a los migrantes, pues se establece que se debe garantizar su estancia segura en el país y con protección de los derechos humanos.
La Iniciativa propone abrogar la Ley General de Población, Del 7 de enero de 1974 y expedir una Ley General de Población.
Establece que al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población (CURP) la cual contendrá la fotografía del rostro” y cuya constancia tendrá el carácter de documento oficial”.
La propuesta fue presentada en marzo por las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa, las dos de Morena.
