El año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador designó como embajadores y cónsules a cuando menos tres gobernadores entonces salientes, todos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y una vez que se confirmó que ese partido perdió las elecciones en esas entidades y las ganó Morena, el partido oficial.
Fue el caso del exgobernador Quirino Ordaz, de Sinaloa, designado embajador en España; Carlos Joaquín González, ex mandatario de Quintana Roo ahora embajador en Canadá; Claudia Pavlovich exgobernadora de Sonora cónsul en Barcelona y el exgobernador de Campeche, Carlos Aysa, embajador en República Dominicana.
Todos fueron expulsados del PRI y fueron acusados de “traición” al haber “entregado” las entidades a Morena.
El domingo en las elecciones del Estado de México nuevamente Morena triunfó y el PRI perdió otra entidad de las que gobernaba, por lo que el dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas acusó al mandatario de dar la espalda a la militancia. En tanto, el gobernador de Coahuila, el priísta Miguel Riquelme, donde el PRI sí retuvo el gobierno del estado, bromeó: “embajada ya no me la gané, ya la perdí”, pues Morena no ganó.
Todo eso es posible, de acuerdo a Álvarez Máynez, porque el requisito legal de “reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo” como establece la ley para ser embajador, es ambigüo.
Propuso por tanto agregar al artículo 19 de la legislación citada, que la designación de embajadores y cónsules generales que realice el presidente deberá ser “preferentemente entre los Miembros del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular, respetando la paridad de género para dicha designación”.