Son importantes todos los datos: número de elementos, operativos, armamentos, casos de violación de derechos humanos, “pero sobre todo cómo le estás haciendo para que la composición de la Guardia Nacional no sea militar porque hoy de 128 mil elementos arriba de 100 mil son militares”, recordó.
Adelantó que entre los indicadores y acciones que se han propuesto –y se dialogarán– podrían ser el número y respuesta de convocatorias a civiles para integrarse a la Guardia Nacional, incremento presupuestal y verificación de su ejercicio en acciones que fortalezcan a cuerpos de seguridad de estados y municipios.
“Tendría que hacer convocatorias cada seis meses para contratar elementos civiles, y un aumento de presupuesto anual para fortalecer a las policías locales estatales y no existe eso. Tendría que haber una estrategia de salida (del ejército de las calles) y no existe eso”, señaló.
Zepeda planteó, además, que este informe semestral –cuyo plazo vencía este viernes– debe ser específico sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y cómo ejerció el Ejecutivo la facultad de hacer uso de ellas.
Esto porque hoy se encuentran en el Senado otros dos informes: el rendido anualmente por la Secretaría de Seguridad Pública sobre la estrategia seguida -conforme al cuatro informe de gobierno rendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador- y el informe anual que la Guardia Nacional debe presentar ante el Senado sobre su tareas, tal como se ordenó en el decreto constitucional que creó esa institución, en 2019.
¿Por qué aún no hay indicadores para evaluar?
Esto fue debido a la tardanza del Congreso en la instalación de la Comisión Bicamaral encargada de dar seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y por ende, el retraso en sus labores. El plazo para instalar ese grupo venció en enero pero los legisladores clausuraron el periodo ordinario en diciembre, sin haber integrado a los diputados y senadores de esa Comisión.
La comisión se instaló a mediados de marzo y este viernes 19 de mayo vence el plazo para que el Ejecutivo entregue al Congreso el primer informe semestral sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero –estableció la reforma constitucional- con indicadores “cuantificables y verificables” con los que el Congreso deberá evaluará la participación militar, sus resultados, y eventualmente avanzar hacia un cuerpo civil de seguridad pública.
Todo eso es resultado de que en septiembre pasado el Congreso aprobó reformas al artículo 5º transitorio constitucional relativo a la creación de la Guardia Nacional, modificaciones mediante las cuales se acordó extender hasta 2028 el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad.
La función de esa Comisión Bicamaral fue que verificara que esa participación de las Fuerzas Armadas se apegue a los límites constitucionales, es decir, que sea de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, además de tener un enfoque de respeto a los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Además de la instalación de esa Comisión, se acordó que para el 2023 hubiera un incremento del 10% al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y adicionalmente mil millones de pesos para atender necesidades de seguridad específicas en las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal en curso.
