En comisiones, la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta, en materia de multas, para aumentarlas en caso de injurias al Presidente de la República, gobernadores, secretarios de estado o quien ocupe la jefatura de gobierno de la ciudad.
El dictamen fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados, y quedó listo para ser remitido a votación del pleno de la Cámara.
La propuesta fue presentada en febrero de 2022 por la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, quien en su propuesta admite que la legislación está en desuso, pues data de 1917, pero planteó aumentar las sanciones para actualizarla.
La Comisión de Gobernación dio su aval con 20 votos a favor y nueve en contra. En 2020 la entonces bancada de Morena -con otros integrantes– buscó abrogar esa ley por inoperante y caduca ya que tiene 106 años, pero hoy se busca revivirla.
De acuerdo con la iniciativa de la legisladora, al ser reducidas las multas “sale barato” cometer las faltas, por lo que propuso que de salarios mínimos, como está hoy en la ley, se eleven al tasarlas en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Actualmente, las injurias al Ejecutivo ameritan de seis meses de arresto a año y medio de prisión y sanción de 100 a mil pesos.
El dictamen aprobado aceptó la propuesta y propone cuadruplicar las sanciones para que sean de 5 a 40 UMAS. Cada UMA es de 103.74 pesos para este año, lo que equivale a multas de 518.7 pesos a 4,149.6 pesos.
La misma multa aplicará en el caso de injurias a los secretarios del despacho, al Fiscal General de la República, a los Gobernadores, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, pero el incremento en la sanción es de 8 veces, pues hoy injuriar a este tipo de funcionarios conlleva multas de 100 a 500 pesos.
Las sanciones se elevan 13 veces en el caso de injurias a ministros de la Suprema Corte, jueces, legisladores federales o locales, generales o coroneles “en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Hoy injuriar a esos servidores públicos amerita de 50 a 300 pesos de multa y seis meses de arresto, la sanción económica se incrementará a 40 UMAS máximo, es decir, 4, 149.6 pesos.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Imprenta, injuriar a ese tipo de servidores públicos puede ser considerado “ataques al orden o a la paz pública”.
“La Ley sobre Delitos de Imprenta, en todas las fracciones del artículo 33, aplica penas y multas que no rebasan en su mayoría los dos años de prisión, y multas de 25 a 200 pesos, y esto en la actualidad ya no funciona porque da pie a cometer los delitos del artículo que se refieren al orden público”.
De acuerdo con la diputada “el tabulador de insultos incluye la fabulosa suma en las multas de hasta 200 pesos, con arresto de no más de tres meses a quien injurie a un agente o funcionario público. Es decir, sale tan barato insultar al policía de la esquina, y a un secretario de Estado y además una afrenta al Congreso no cuesta dinero”.
Por ello propuso –y se admitió– actualizar las multas a UMAS para hacer la aplicación de la ley.
