Las enmiendas desechadas y archivadas buscaban desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) para dar paso a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con eliminación de facultades para integrar y resguardar el padrón electoral y reducir de 11 a 7 sus consejeros integrantes, además de eliminar los 32 tribunales electorales de los estados.
La propuesta que quedó archivada también planteaba que consejeros y magistrados electorales se sometieran –como candidatos en elecciones– a procesos electorales con gastos de campaña y propagada.
La iniciativa del presidente, que fue dictaminada a favor por Morena y sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) sin una sola modificación, buscaba, además, no sólo una reforma electoral sino también política, pues proponían reducir 200 legisladores a la Cámara de Diputados y 32 a la de Senadores y modificar la forma de elección para que todos los integrantes del Congreso fueran electos por la vía de representación proporcional.
También proponía eliminar el financiamiento ordinario para los partidos, de modo que sólo pudieran fondear sus actividades con recursos privados.
Todas estas propuestas quedaron fuera, pues por tratarse de disposiciones de nivel constitucional no fueron incluidas en el llamado Plan B, paquete de propuestas de reforma presentadas este mismo martes 6 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que los partidos de la cuarta transformación buscarán aprobar de forma exprés en las próximas horas.
Uno de los primeros en reaccionar fue el consejero electoral, Ciro Murayama, quien solicitó estar pendientes a que los cambios que ahora se suban a la reforma en leyes secundarias no violen la Constitución.
