Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, busca que la extorsión sea uno de los delitos que ameriten prisión preventiva a través de una iniciativa presentada este miércoles que reforma el artículo 19 de la Constitución.
Con las modificaciones propuestas, la extorsión sería considerada un delito grave al igual que la trata de personas, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales y el robo de combustible.
El 19 de febrero pasado, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República que adicionó al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa nueve ilícitos: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento mediante actos de corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, abuso sexual contra menores, robo de casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La reforma constitucional fue avalada en abril pasado por la mayoría de los congresos locales y fue publicada el día 12 del mismo mes en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, a partir de este cambio surgieron voces que pedían que la extorsión también fuera considerada dentro de los delitos que contemplan esta medida cautelar.
Mario Delgado aseguró que este cambio contribuirá a limitar los casos de impunidad por la comisión del delito de extorsión.
“Por supuesto, reiteramos que no lo hará por sí misma, sino que debe formar parte de la renovación del esquema de persecución del delito e impartición de justicia en materia penal, que está en curso por la vía legislativa y también administrativa, tras la constitución de la Fiscalía General de la República”, se lee en la propuesta.
El documento indica que las mayores incidencias de este delito afectan a las ciudades de León, en Guanajuato; Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y Morelia, en Michoacán.
“Las ciudades que reportan un mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima son: León, Atizapán de Zaragoza y Morelia, con 30.7 por ciento, 26.6 por ciento, 24.9 por ciento, respectivamente. En el otro extremo, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Guadalajara, Los Mochis, Tampico, con 5.1 por ciento, 4.9 por ciento y 3 por ciento, respectivamente”, se establece.
En la justificación del proyecto se consigna el incremento de la inseguridad como consecuencia de decisiones de gobiernos pasados y se indica que este aumento se debe a que las políticas de seguridad pública emprendidas durante los últimos 13 años “no lograron implantar esquemas de prevención y contención del delito, como tampoco eficiencia en la investigación y sanción de estos ilícitos”.
“El resultado de la política represiva denominada ‘guerra contra el narco’, fue el incremento imparable de la delincuencia, así como de la violencia con la que opera. Frente a ello, no hubo medida que lograra contrarrestar sus efectos en la percepción social negativa, de manera que esta alcanzó niveles inéditos”, dice la propuesta.
Se agrega que se deben tener “elementos” de disuasión contemplados en las leyes y que la extorsión no ha sido tipificada de manera correcta.
“Es necesario renovar los esquemas que permitan abatir los altísimos niveles de impunidad que imperan en el país, pues conseguir que quienes pretenden ejecutar una conducta antisocial tengan un cierto grado de certeza de que serán sancionados es un elemento importante para su disuasión”, dice la iniciativa.
