Senadores avalan vía 'fast track' dictamen de reforma laboral contra outsourcing

Al respecto, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia defendió la reforma ley y dijo que se tenía que hacer para mejorar las finanzas del país y en defensa de la calidad de los empleos del país.

“Muchas de las opiniones de empresarios outsourceros es porque desconocen la ley. Nadie de los empresarios que tienen interés acumulado, y se han encargado de explotar a los trabajadores, nadie quiere hacer a un lado su comodidad y conformismo. Han hecho una campaña brutal que no prospera. Los empresarios no tienen interés en la patria, sólo en sus intereses de grupo.

“Que escuchen bien, este es un paso histórico. Se cumple con la clase trabajadora, las finanzas públicas nacionales. Tenemos que restituir el orden jurídico nacional. Espero que todos lo acepten”, demandó.

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Rechazó que la reforma se haga motivada por la aprobación del T-MEC.

“Si no se firma el T-MEC es por cuestiones externas, no por una iniciativa que busca restituir la justicia laboral”, declaró.

Otro que apoyó la reforma fue el exdirector del IMSS y también expanista y ahora morenista Germán Martínez, quien dijo que la principal corrupción es la subcontratación laboral y que la subestimación de cuotas es una “sangría” al IMSS.

También criticó la riqueza que se consigue a cambio de perjudicar al trabajador.

“Las fortunas de algunas familias se hicieron a costa del trabajo de empleados. Por supuesto que criminalizamos a quienes quienes se roban el fruto del trabajo, sostiene”.

Expuso que con los cambios no desaparecería el outsourcing, sino que se eliminaría el esquema de subcontratación cuando se simula que no existe relación laboral.

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Además de él, el coordinador de Morena en el Senado, Martí Batres, defendió los cambios; especificó que con las modificaciones se busca “regular la subcontratación respetando derechos laborales”.

Fuera de la sesión de las comisiones unidas, la senadora Patricia Mercado declaró que es apresurada la discusión del dictamen.

“Tengo reservas, me parece que hay una parte muy punitiva a los transitorios y esperemos que en el pleno podamos cambiarla. Fue apresurada la discusión. Yo le había pedido al presidente de la Comisión (Napoleón Gómez Urrutia) que hiciéramos audiencias, que todas las personas que quisieran hacer algún posicionamiento sobre la propuesta me parecía parte de la novedad del Senado abrirse a la sociedad y propuestas diversas, pero quisieron hacerlo de esta manera. Se abusó de esta medida”, resaltó.

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Al aprobarse el dictamen, quedó disponible para que pase al pleno para su aprobación. En conferencia de prensa posterior a la sesión, Gómez Urrutia anunció que se espera enviar hoy mismo el dictamen a la Mesa Directiva y confían en lograr que se le pueda dar una primera lectura en la sesión del pleno.

Empresarios reclaman

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que de “concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores: se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional”.

El Consejo Coordinador Empresarial dijo que ha insistido en la necesidad de que se haga “un debate profundo y sin simulaciones” sobre el tema y señaló que si bien hubo un ejercicio de parlamento abierto, la iniciativa aún no se había presentado y las conclusiones no fueron tomadas en cuenta.

El CCE enumeró en un comunicado que la reforma aprobada hoy:

• Pone en riesgo la ratificación del T-MEC, por la falta de respeto al Estado de Derecho.
• Genera un grado de incertidumbre enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que generaba que las “empresas podrán decidir mover sus inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México”.
• Busca criminalizar las relaciones laborales: pone a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima, “como si quienes invertimos y generamos empleos en el país fuéramos narcotraficantes o terroristas”.
• Tiene visos de inconstitucionalidad: busca ser retroactiva, “lo que es una aberración jurídica. Es decir, colocaría como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas”.
• Prácticamente elimina cualquier tipo de subcontratación, “lo que traería consecuencias graves para la competitividad del país y eliminaría miles de empleos (…) En vez de beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabajadores”.

Los empresarios señalaron que están de acuerdo con replantear la figura de la subcontratación para evitar que existan abusos y exhortaron al Congreso a establecer un diálogo.

“En un momento en el que la economía no está creciendo, todos deberíamos estar buscando formas responsables para aumentar el empleo y el bienestar de las familias, sin satanizar a las empresas, sin posiciones ideológicas ni simulaciones”, concluyó.