Mancera propone una ley para regular el uso de la fuerza pública
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para establecer una Ley General para regular el Uso de la Fuerza, la cual, dijo, ayudaría a dar certidumbre a la actuación de las corporaciones de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional que quiere formar el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A decir de Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México y exprocurador capitalino, esta propuesta es esencial para delimitar la labor de dichas instancias, con apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Esto será indispensable para la nueva policía que se pretende crear, porque es una nueva policía nacional que requiere cumplir con mandatos y obligaciones internacionales de México, y una de ellas es tener una ley federal para uso de la fuerza”, dijo.
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¿Qué es el uso de la fuerza?
El uso de la fuerza es definido en la teoría política y jurídica como la capacidad de una persona de dañar a otra. El uso legítimo es aquel que una persona autorizada por el Estado ejerce para mantener el orden público.
La iniciativa —apoyada por las bancadas del PRD en el Senado y la Cámara de Diputados— define así el uso de la fuerza pública: “La inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de la realización momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas”.
En conferencia de prensa, Mancera también aprovechó para pedir que la Guardia Nacional sea una corporación policial completamente civil y que no tenga formación militar, a diferencia de lo que ha planteado López Obrador.
Durante su época como jefe de gobierno, Mancera fue criticado por los excesos policiales en la atención a manifestaciones públicas.
¿Qué dice la iniciativa?
El texto establece procedimientos para el uso de la fuerza, instrumentos para ejercerla, derechos para los ciudadanos y parámetros para que las fuerzas de seguridad encaren manifestaciones.
La iniciativa señala que el uso de la fuerza pública se deberá dar bajo principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Además, diferencia armas letales de las no letales, y de aquellas usadas solo para inmovilizar o incapacitar a otras personas.
Según el documento, los protocolos y procedimientos del uso legítimo de la fuerza deberían atender a la perspectiva de género y la protección de los menores de edad. Respecto de esto último, se plantea que, para justificar el uso legítimo de la fuerza en un hecho en el que estuviera implicado un menor, la autoridad tendría que acreditar que este o sus acompañantes representan una amenaza letal inminente.
