La Cámara de Diputados ajusta “detallitos” a la ley de salarios máximos

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La Cámara de Diputados aprobó ajustes a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el propósito de corregir los “detallitos” que quedaron pendientes cuando la norma se votó en septiembre pasado.

Esta legislación establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República, ha generado polémica y, ante los recursos legales presentados para impugnarla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió su aplicación en lo que se resuelve el fondo del asunto.

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La también llamada ley de salarios máximos es impulsada por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en septiembre aprovechó su mayoría en San Lázaro para sacarla adelante, pese a que la oposición advirtió entonces que había inconsistencias en la redacción del texto. Los morenistas reconocieron la situación, pero entonces argumentaron que esos “detallitos” podrían corregirse después.

Esta reforma aprobada y enviada al Senado busca evitar contradicciones que pongan en riesgo la viabilidad de la ley. Con las modificaciones, por ejemplo, se mejora la concordancia entre el documento y la Constitución Política, para aclarar que la norma regulará las jubilaciones, pensiones, compensaciones y otras prestaciones de retiro que se otorgan los órganos del Estado, particularmente las instituciones crediticias paraestatales.

Además, elimina la posibilidad de que en la administración pública se concedan anticipos a la remuneración, y dispone que los créditos y préstamos que se conceden a los trabajadores de base, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo solo puedan ser extendidos como prestaciones para los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes, cuando así lo disponga expresamente la legislación de seguridad social y laboral aplicable.

Estas son otras de las modificaciones:

• Incluir en el objeto de la ley la regulación de las remuneraciones que se otorguen en los órganos autónomos y las empresas productivas del Estado.
• Establecer un artículo en el que se confieran las facultades de interpretación de la ley en el ámbito administrativo a las autoridades correspondientes (Hacienda y los poderes Legislativo y Judicial, en su caso).
• Actualizar la referencia a los órganos encargados de la administración, responsables del pago de las remuneraciones, como encargados de recibir los avisos que realicen los servidores públicos ante cualquier pago en demasía respecto de sus remuneraciones.