OPINIÓN: La lucha por el Estado de Derecho no puede ser selectiva

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); antagónico al Peñismo, que atentó contra esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - Las primeras semanas del gobierno del presidente López Obrador se han caracterizado por una serie de diferendos y confrontaciones entre diversos sectores y las nuevas autoridades. Era de esperarse un escenario así ante el cambio tan claro de sistema después de las elecciones del 1 de julio.

El presidente ha argumentado, con algo de razón, que las diferencias se están generando ante algunas inquietudes por posibles pérdidas de privilegios. Y ha repetido en varias ocasiones que va a terminar con el actual “Estado de Chueco” para construir un verdadero Estado de Derecho.

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Uno de los casos más públicos es el desencuentro con el Poder Judicial tras admitir la controversia por la Ley de Remuneraciones y dictar su suspensión temporal. La Corte ha argumentado, correctamente, que su obligación es revisar la constitucionalidad de las leyes, y que ésta genera serias dudas.

La controversia fue promovida por los partidos de oposición en el Senado, argumentando que la Ley aprobada por los Diputados recientemente violenta lo dispuesto en la Reforma Constitucional de 2011, al violar la separación de Poderes. Adicionalmente, cientos de funcionarios, principalmente del Poder Judicial, han tramitado amparos ante esta Ley.

La reacción del presidente no se hizo esperar, y criticó abiertamente a la Corte por la suspensión, argumentando que la decisión es errónea y que lo único que están buscando es mantener sus estratosféricos salarios, advirtiéndoles que tendrán que adaptarse al cambio que pidió la sociedad.

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Lamentablemente, ninguna de las dos partes está realmente pensando más allá de su trinchera. Por un lado, el presidente abiertamente ha usado cifras y datos manipulados, o incluso falsos, para mostrar a un Poder Judicial abusivo y codicioso. Sin detenerse a revisar que, efectivamente, la Ley que aprobaron los Diputados de Morena tiene serios problemas de legalidad en su contenido.

Por el otro, la Corte sale como paladín de la legalidad, pero no hace mención alguna de los claros problemas que existen en el Poder Judicial, como los probados casos de nepotismo o la corrupción generalizada, y mucho menos muestra voluntad para terminar con ellos. Más allá de no mostrar interés por revisar las privilegiadas condiciones salariales, como sí lo hizo el Legislativo.

Atrapados en este fuego están los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, a quienes sin aviso se les recortaron apoyos de vivienda y colegiaturas en más de 30%. El Gobierno no intentó siquiera revisar los costos de vida de las diversas plazas; y el presidente prefirió agredirlos diciendo que si no les gusta, afuera hay muchos que sí quieren trabajar. Fácil imaginar de qué calidad son.

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Desde la transición, y en estas semanas del nuevo Gobierno, hemos visto una oleada de analistas, comunicadores, líderes de opinión, actores políticos, activistas sociales y dirigentes empresariales señalar y defender, con gran pasión, la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones del país, ante lo que llaman acciones autoritarias y antidemocráticas.

Definitivamente, hay motivos de sobra para dudar del talante democrático del Gobierno ante la manera en la que se ha conducido en situaciones específicas, y la laxitud con la que contemplan el marco legal del país.

Sin embargo, habría que cuestionar también dónde estaba la mayoría de esas voces hoy tan críticas y apasionadas los últimos 12 años, cuando los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se dedicaron justamente a dinamitar la gobernabilidad democrática del país, y a debilitar muchas de las instituciones que hoy supuestamente se defienden.

Es claro que necesitamos hoy más que nunca la construcción de contrapesos sociales, pero para que eso suceda, los actores críticos tenemos primero que reconocer que estuvimos ausentes mucho tiempo, por comodidad o por privilegios, y que debemos demostrar que el interés es genuino, y no solo alimentado por fobias personales.

Qué diferente hubiera sido, por ejemplo, que con la atinada controversia constitucional, los partidos de oposición hubieran hecho un reconocimiento y mea culpa de los abusos y excesos que cuando han tenido el Gobierno generalizaron en la administración pública. O que la Corte, junto con la aceptación de la controversia, hubiera anunciado un programa de limpia del Poder Judicial.

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Por supuesto que se vislumbran riesgos importantes con el Gobierno. Aunque el diagnóstico del presidente sobre la debilidad del Estado de Derecho no es errado, sí es errada la incongruencia entre su discurso y sus acciones; no es evidente su intención de realmente cambiar de fondo las cosas.

No es mintiendo, ni mayoriteando leyes mal hechas como la del Fuero o la de Remuneraciones, ni haciendo consultas a modo, ni denostando o agrediendo a las voces críticas como se logrará construir el Estado de Derecho sólido que a México le urge.

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Y claro que se necesitan voces críticas, que señalen errores y propongan soluciones, pero esas voces deben primero legitimarse ante la sociedad, demostrando que su discurso no es solo eso, un discurso que parece alimentado más por coraje que por una intención genuina de velar por la estabilidad y bienestar del país.

Lamentablemente hoy ningún actor, incluido el presidente, estamos viendo por el bien del país. Estamos enfrascados en posturas individuales y fobias personales, sin escuchar los argumentos del otro, y promoviendo mayor polarización social, que es cada día más visible. El riesgo es muy alto. O empezamos a madurar todos, incluido el presidente, o el país pronto puede salirse de control.

La lucha por el Estado de Derecho no puede ser selectiva. Es hora de dar la batalla todos juntos, pero con madurez y poniendo al país por encima de cualquier rencor o interés personal.

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