Puntos clave de la iniciativa:
- El Gobierno de la Ciudad de México tendrá la obligación de contar con una política para incrementar la oferta de vivienda social y asequible en arrendamiento, y establecer mecanismos de acceso, en especial para jovenes y grupos de atención prioritaria.
- El Gobierno de la Ciudad de México deberá ampliar de manera permanente su reserva territorial para garantizar el derecho a la vivienda.
- En los contratos de arrendamiento, el precio de la renta en la Ciudad de México no podrá incrementarse por encima del porcentaje de inflación del año anterior inmediato establecido por el INEGI.
- Se establece la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones en las relaciones inquilinarias.
- Se reconoce el derecho de todas las personas que habitan la ciudad al arraigo vecinal y comunitario, al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia en donde han desarrollado sus proyectos de vida.
- El Gobierno de la Ciudad de México debe implementar una política para disminuir los efectos de la gentrificación y favorecer el arraigo de sus habitantes.