En calles de la colonia San Bernabé, en la alcaldía Magdalena Contreras, se instala una pequeña carpa que resguarda del sol varias cajas con frutas y verduras colocadas sobre el piso. A un costado, una mesa con báscula es operada por una persona que porta un chaleco guinda.
Se trata de un módulo de “abasto comunitario” donde se ofrecen productos de la canasta básica a precios accesibles, promovido por el diputado federal Daniel Campos Plancarte, de Morena.
En la llamada “Casa Naranja”, ubicada en la colonia Santa María La Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, la concejal Claudia Rosiles, de Movimiento Ciudadano, promueve con su imagen y los colores institucionales de su partido las “jornadas de abasto ciudadano” en las que se ofrecen bolsas con productos como jitomates, tomates verdes, chiles, papas, entre otras frutas y verduras a bajo costo.
Los programas de abasto no son exclusivos de algún partido, pues representantes de todas las organizaciones los impulsan como una ayuda para los ciudadanos, no obstante para los locatarios de mercados públicos constituyen una “competencia desleal” a sus actividades.
Rosendo Figueroa, quien lleva 40 años dedicado a la venta de frutas y verduras y ahora atiende un puesto al interior del Mercado Sur 16, en la alcaldía Iztacalco, asegura que este tipo de módulos afecta a todos los locatarios, ya que ofrecen precios más bajos, sin tener que pagar trabajadores, cuotas e impuestos.
Además señala que los políticos pueden ofertar productos a menor costo, ya que su afán no es obtener una ganancia económica, sino un posicionamiento ante los vecinos de la zona.
“Uno tiene que trabajar para el sustento de su familia, ellos (los políticos) ya tienen su sueldo seguro y a lo mejor ellos consiguen un mejor precio en la Central de Abasto o con los productores, ya desde ahí estamos en desventaja nosotros”, afirma.
Su puesto se encuentra a solo una cuadra del comité local del PRI, donde durante varias semanas operó un módulo de abasto popular promovido por la concejala y lideresa territorial de ese partido, Jessica Morales.
Los locatarios de los mercados aseguran que estos puestos de abasto son promovidos por políticos de todos los partidos para promocionar su imagen, por lo que advirtieron que acudirán ante instancias electorales para denunciar presuntos actos anticipados de campaña o posible uso de recursos públicos con fines electorales.
De acuerdo con Edgar Mendieta, vocero del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados públicos de la Ciudad de México, existen al menos 250 políticos de todos los partidos y de distintos niveles de gobierno que realizan jornadas de abasto popular.
Explica que ya se reunieron todos los elementos fotográficos para presentar próximamente las denuncias ante las autoridades electorales. “Vamos a presentar las denuncias, violan en artículo 134 de la constitución que establece que (los políticos) no pueden hacer promoción personalizada y que no pueden dar apoyos directos a la ciudadanía con su imagen”, dice.
Para el politólogo Fernando Dworak, si bien los legisladores tienen facultades constitucionales para gestionar acciones en sus respectivos distritos, existen normas que prohíben la promoción personalizada e incluso la utilización de colores institucionales.
“Utilizar recursos públicos a nombre de la economía popular para posicionarse, debería ser ilícito”, asegura en entrevista.
El artículo 5 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México establece una prohibición a todo servidor público del poder ejecutivo, legislativo y judicial local de utilizar recursos públicos para la promoción personal
“En ningún caso la comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública o que se relacionen con cualquier aspirante a alguna candidatura, persona candidata, Partido Político Nacional o local”, se lee en el documento.
En el artículo 137 del mismo Código, también se establecen prohibiciones para todos aquellos militantes o aspirantes a un cargo de elección popular.
Mendieta asegura que legisladores, concejales y políticos de todos los partidos incluso, llegan a utilizar vehículos oficiales para la promoción de sus módulos de abasto popular.
Anteriormente los políticos se denunciaban entre sí, pero ahora prevalece la tolerancia mutua, porque todos lo hacen y a todos los niveles.
Así lo consideró también el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien acusó que las recientes movilizaciones de locatarios de mercados públicos son promovidas por militantes del PRI y del PAN, aunque desde estos mismos partidos también hay quienes impulsan estos programas.
En la colonia San Jerónimo Lídice de la alcaldía Magdalena Contreras, el diputado panista Miguel Guevara y la concejal Miriam Meza promueven los centros de “Abasto Azul” en un módulo con los colores institucionales de Acción Nacional. En esta misma demarcación el concejal Adrián Belmont promueve el reparto de productos de la canasta básica a domicilio en distintas colonias.
Desde el pasado 20 de mayo locatarios agrupados en el Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados públicos de la capital enviaron a los coordinadores de todas las bancadas y asociaciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México oficios en los que externaron su inconformidad por la instalación de módulos de abasto popular en colonias.
En cada misiva, los locatarios advirtieron que la instalación de estos módulos, colocados en las inmediaciones de sus centros de trabajo, les provoca una pérdida de hasta el 50% en sus ventas. Además, señalaron que dichos espacios operan sin regulación alguna por parte de las autoridades y tampoco cumplen con obligaciones tributarias.
Jesús, también locatario del mercado Sur 16, considera que su puesto está muy bien posicionado entre sus clientes, pero reconoce el riesgo de que los módulos promovidos por políticos, se instalen cada vez más cerca de los mercados y ofrezcan productos a precios más bajos.
“De por sí está difícil la situación y con la competencia, pues está más canijo”, dice.
Rosendo menciona que además de los módulos promovidos por políticos, que no tienen la misma carga fiscal que ellos, la competencia está aún más fuerte, con la instalación de tianguis en las mismas colonias, así como locales con recauderías.
Aunque nosotros vendamos calidad, la gente lo que busca es la economía
El politólogo Fernando Dworak advierte que los políticos podrían incurrir en una falta a la ley mediante la oferta de productos a bajo costo y al mismo tiempo, afectar la economía local.
“Podría la ciudadanía apreciar que se vendan productos más baratos, pero no a costa de destruir la economía local”, señala.
El analista en temas políticos asegura que las autoridades capitalinas también deben pronunciarse sobre la instalación de módulos con promoción personalizada, ya que de lo contrario, podría haber implicaciones electorales tanto para el partido en el poder, como para quienes aspiran a un cargo de elección popular rumbo a 2027.
“Si no se les pone un alto, van a seguir haciéndolo. Sería muy importante para la jefa de gobierno (Clara Brugada) intervenir en esto si no quiere que esto la rebase”, añade.
