Las personas que cometan violencia de género quedarán fuera de las boletas electorales para las votaciones de 2024 en las que se elegirán más de 200 cargos públicos en la Ciudad de México.
Por primera vez estará en vigor en la capital las reformas conocidas como Ley 3 de 3, en las que se modificaron el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral locales para impedir las candidaturas de quienes hayan sido sentenciados por delitos de violencia de género.
Como parte de los requisitos para ocupar un cargo de elección popular, la reforma al Artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece no haber sido sentenciado por la comisión de los siguientes delitos:
Así mismo se impide ser electas a las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o el Registro de Personas Agresoras Sexuales vigentes en la Ciudad de México.
La reforma elaborada por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la ciudad en mayo y publicada en la Gaceta Oficial el pasado 2 de junio, exactamente un año antes de las elecciones de 2024.
Ana Francis López Bayghen, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destaca que en las próximas elecciones ninguna persona sentenciada por delitos de género o sexuales podrá ocupar un cargo de elección popular, lo que representa un cambio en la concepción de lo permitido en la política y el servicio público.
“Se trata de cambiar la lógica de lo que está correcto. No es correcto que un agresor sexual, que un deudor alimentario, que una persona que cometa violencia política de género sea servidor público. Quienes hacemos servicio público tenemos que predicar con el ejemplo.
“Estamos llenos de casos en donde no se hace justicia en las instituciones porque la misma personas que te está atendiendo tiene los mismos problemas”, dice a Expansión Política.
La diputada local de Morena señala que estas reformas fueron para homologar cambios en la legislación electoral aprobados a nivel federal.
Resalta la importancia de dejar fuera de las candidaturas a aquellas personas registradas como deudores alimentarios, una forma de violencia que se ha normalizado en México.
“Los deudores alimentarios están atentando contra el bien superior de las infancias. Por supuesto que es un daño grave a las mujeres, a su patrimonio, a su tiempo, pero en realidad el daño más grave es a los niños y niñas porque están creciendo sin todos los recursos que podrían tener a su disposición y sin que la otra persona se haga cargo.
“En la Ciudad de México tres de cada cuatro no pasa la pensión y es gravísimo. Tiene que ver con toda una cultura de dejarlo pasar: tienen un jefe que está de acuerdo y les paga por fuera para que no esté registrado su sueldo y no le puedan descontar, tienen amigos y familia que saben cómo está en asunto pero no pasa nada”, sostiene López Bayghen.
Carolina del Ángel, integrante del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), apunta como uno de los retos para las próximas elecciones el hacer cumplir con la Ley 3 de 3 en contra de la violencia de género así como sobre deudores alimentarios.
“La información sobre las personas deudoras alimentarias y quien haya cometido un delito contra las mujeres o sexuales son instancias ajenas a nosotros las que tienen esa información, entonces estamos en comunicación con ellas para que nos puedan proporcionar esta información.
“Este Instituto va a verificar que se cumplan con estos tres requisitos al momento del registro de las candidaturas”, explica en entrevista con Expansión Política.
La consejera electoral ve como un avance estas reformas, sin embargo las considera “descafeinadas”, pues sólo se dejarán fuera a las personas con sentencias penales, sin considerar sentencias administrativas o electorales.
“Me parece la reforma un tanto descafeinada. (…) Entiendo el argumento del debido proceso, no lo comparto porque creo que un procedimiento jurisdiccional –aunque no sea penal- debe estar investido de debido proceso, pero creo que los avances son importantes.
“Donde hay un gran avance es en el tema de los deudores alimentarios porque de menos tendrán que ponerse al corriente con los pagos. De verdad es un lastre porque cuántas paternidades irresponsables existen en materia de deuda alimentaria”, indica Del Ángel.
Considera que el próximo paso en el avance para dejar fuera de las elecciones a violentadores de mujeres debe ser considerar también a quienes tengan sentencias administrativas y determinaciones de órganos internos de control relacionadas con violencia de género.
No obstante, la consejera electoral adelanta que se encuentran en pláticas con los partidos políticos de la capital para que hagan un compromiso contra la violencia de género.
“Un llamado a los partidos políticos para que tengan este compromiso social, moral y ético con las mujeres de esta ciudad, que si hay personas con sentencias administrativas o electorales por motivos como violencia política contra las mujeres en razón de género, que nos partidos políticos tengan esa empatía con las mujeres y no los postulen. Aunque no sea un impedimento, no es una buena señal a las mujeres de esta ciudad”, señala Del Ángel.
