Controversias por interpretación de la ley
En entrevista, la diputada morenista Marisela Zúñiga, integrante de la comisión de Educación en el congreso de la Ciudad de México explicó que si bien la ley es perfectible, existen diversos artículos que fueron controvertidos por las instituciones privadas que ya estaban contemplados en la Ley General de Educación que rige en todo el país.
Dijo que al acoplarlos a la capital del país, pudo existir una mala interpretación de la ley y por ello las instituciones privadas recurrieron ante jueces federales en materia administrativa para interponer recursos que a su consideración, iban en perjuicio de su forma de trabajo.
Ejemplo de ello, es el tema de las becas, en las que existe un ordenamiento por ley para el otorgamiento de los beneficios y descuentos a los alumnos, pero que va acorde con los lineamientos generales de educación básica. Dedujo que este amparo promovido, puede ser porque ante el regreso a clases presenciales, es financieramente inviable ofrecer descuentos, dado que el sector privado se vio afectado por la pandemia de COVID-19.
“Entiendo la petición, yo creo que por ahí va el tema, será cuestión de revisar, ver de qué forma se puede hacer algún exhorto, alguna recomendación o algún instrumento jurídico para que a lo mejor, en tiempos de pandemia o una crisis como la que estamos viviendo, este tipo de instituciones tengan una consideración en el otorgamiento de becas", expuso la legisladora.
Zúñiga explicó que como ex directora de instituciones privadas y públicas, sabe cuáles son los procedimientos y aseguró desconocer por qué los colegios particulares se oponen al tema de los libros de texto otorgados por la SEP, cuando la Ley de Educación no limita el uso de otros libros, es decir, pueden ser un apoyo, pero el plan de estudio no debe basarse exclusivamente en los otorgados por el estado.
“Yo creo que (los amparos) son temas de interpretación, porque conozco el procedimiento y en ningún momento la SEP obliga a las instituciones privadas a que los planes de estudios se basen únicamente en los libros gratuitos”, abundó.
La morenista dijo que a pesar de los recursos legales ya interpuestos ante jueces federales, el Congreso de la Ciudad de México y las autoridades educativas capitalinas están en la obligación de reunirse con el sector de las instituciones privadas para resolver las dudas sobre la nueva ley de educación y generar las adecuaciones correspondientes.
Los recursos legales asentados en los juzgados noveno y décimo en materia administrativa con sede en la capital se encuentran en curso; sin embargo, a muchos de ellos ya les fue negada la suspensión provisional y definitiva a los actos reclamados debido a que desde el departamento jurídico del congreso de la capital, han emitido ante la autoridad judicial competente las justificaciones sobre los actos reclamados y estos no han prosperado.
