Uno de sus puntos clave es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las alcaldías y los órganos autónomos de la capital, deberán coordinarse para "promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI".
"Todas las personas LGBTTTI gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte sin ninguna distinción y libres de estigmas, prejuicios, estereotipos y discriminación, para lograr una igualdad de condiciones y oportunidades con el resto de la población", indica el artículo 11 de la nueva legislación.
Si bien la Constitución de la Ciudad de México ya establece que todas las personas deberán ser consideradas iguales, esta norma establece que las instituciones públicas deberán actuar proactivamente para garantizar a las personas LGBTTTI, entre otros, el derecho a la salud, la educación, el trabajo, a la participación política, a la salud sexual y reproductiva, a la no discriminación y a la cultura.
La ley se aprobó con 45 votos a favor y uno en contra, y se originó en las iniciativas que presentaron los diputados Temístocles Villanueva, de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, y Alessandra Rojo de la Vega, quien era del PVEM.