Nueve de los 16 alcaldes de la Ciudad de México buscarán la reelección en sus cargos el próximo 6 de junio en las urnas, así como 30 de los 66 diputados del Congreso local.
Por primera vez, podrán competir para permanecer tres años más en el poder, sin dejar su cargo, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Aunque no están obligados, todos los alcaldes que van por la reelección han solicitado licencia para evitar que su posición como titulares de sus demarcaciones pueda influir en las elecciones.
Alcaldes con licencia que van por reelección:
Morena
PAN
Alianza PRI, PAN y PRD
En el Congreso local, sólo los diputados que buscan gobernar una alcaldía –como Mauricio Tabe, del PAN por Miguel Hidalgo, y Paula Soto, de Morena por Benito Juárez– han pedido licencia. El resto de los 30 que buscan reelegirse como legisladores se mantienen en sus cargos.
Durante el desarrollo de sus actividades como funcionarios, los candidatos que compitan por la reelección sin renunciar a sus cargos deberán evitar llamados al voto –a favor o en contra–, propuestas de campaña o expresiones proselitistas.
También tendrán prohibido usar durante sus propias campañas cualquier recurso que tengan asignado como servidores públicos, de acuerdo con los Lineamientos para la postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Los servidores públicos en búsqueda de la reelección deberán entregar al Instituto Electoral capitalino un informe detallado sobre los recursos públicos a los que tienen acceso.
“Deberán incluirse el personal a su cargo, bienes muebles e inmuebles, recursos materiales, económicos y financieros que le son asignados para el desempeño de sus labores. Dichos informes serán publicados en el portal de Internet de este Instituto Electoral”, indican los lineamientos.
A la par, los servidores públicos del Gobierno capitalino y de las alcaldías están obligados a aplicar de forma imparcial los recursos públicos. Deben abstenerse de influir en la competencia entre los candidatos y los partidos políticos.
Esto se vuelve relevante porque los nueve diputados que dejaron sus cargos para ir a la campaña nombraron a miembros de su gabinete como sus encargados de despacho.
Los poderes públicos como el ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, dependencias y alcaldías, deberán tener propaganda estrictamente institucional y con un fin informativo, educativo o de orientación.
“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, establecen los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral local.
