Un juez suspendió la orden de aprehensión en contra de Alejandra Barrios Richard, líder de vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, según una resolución publicada por el Tribunal Superior de Justicia.
La suspensión fue otorgada el mismo día en el que su hija, la también lideresa Diana Sánchez Barrios, fue detenida por elementos de la Policía de Investigación la noche del 17 de marzo, como posible responsable de los delitos de extorsión y robo en pandilla.
La medida fue concedida a partir de un amparo solicitado el 15 de febrero con el expediente 42/2021, por lo que un juez de Distrito en Materia de Amparo Penal le otorgó la suspensión definitiva, y ordenó el pago de una garantía de 3,500 pesos y comparecer ante el juzgado cuando se le requiera.
Ambas dirigentes son acusadas de ser parte de un grupo dedicado al cobro de cuotas a comerciantes establecidos y en vía pública, a quienes supuestamente exigían dinero a cambio de no dañarlos a ellos o a sus negocios.
Ocho integrantes de la familia Barrios con orden aprehensión también están relacionados con la invasión de inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc.
A esto se suma la recepción de cuotas en depósitos a dos asociaciones civiles, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló siete cuentas bancarias.
Sánchez Barrios también solicitó diversos amparos pero no logró evitar su detención, ya que el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal le pidió especificar contra qué acto buscaba protegerse; sin embargo, no lo hizo.
Su abogado, Francisco Castañeda, afirmó que su cliente estaba en Estados Unidos el día en el que se acusa que participó en delitos y puede probarlo.
"(Diana se encuentra) molesta, pero confiada en que se hará justicia y recuperará su libertad", sostuvo Castañeda.
El representante legal indicó que también se buscará eliminar la medida de prisión preventiva contra Sánchez Barrios.
"Es una prisión preventiva justificada, no es oficiosa. Vamos a tratar de incidir en el elemento que toma en cuenta el señor juez para quitar la medida de prisión justificada y modificarla en todo caso", señaló el abogado a través de un comunicado.
La líder y candidata a diputada local por el PRI ya ha sido vinculada a proceso por los delitos extorsión y robo en pandilla agravados, y permanece en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. La fiscalía tiene tres meses para cerrar la investigación complementaria.
