Supuestos desvíos de 1,588 millones de pesos de recursos públicos, con al menos 35 exfuncionarios de la administración anterior, son el legado del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México que hoy persigue la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
Al inicio de 2021, año de elecciones en la Ciudad de México, sólo se había informado de alrededor de una veintena de exintegrantes del gobierno del hoy senador.
“Investigamos y procesamos hechos graves de corrupción de funcionarios de la anterior administración que rebasan los límites de la responsabilidad individual”, afirmó la fiscal Ernestina Godoy ante diputados locales el 3 de febrero, apenas unos días de concluido el periodo de precampañas.
Entre los primeros funcionarios de alto rango en ser buscados por la FGJ se encuentran Felipe de Jesús Gutiérrez, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como Edgar Tungüí, secretario de Obras, después comisionado de la Reconstrucción. La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión en octubre de 2019 e incluso fichas de búsqueda de Interpol para ambos, pero llevan más de un año en fuga.
En diciembre del mismo año fue capturado Miguel Ángel Vásquez Reyes, conocido como el “zar de la nómina”, a quien se identifica como operador financiero del exjefe de Gobierno cuando se desempeñó como subsecretario de Capital Humano, cuyo caso fue ligado en días pasados al asesinato de un empresario en la colonia Napoles, cuyo despacho estaría vinculado con una empresa fantasma que fue usada para desviar 406 millones de pesos de la Secretaría de Fianzas en 2018, según explicó el vocero de la FGJ, Ulises Lara el pasado 23 de enero.
Hasta enero de 2020, la lista de ex funcionarios investigados por corrupción era de 13, mientras hacia septiembre del mismo año ya sumaban al menos 20 excolaboradores de Mancera con carpetas de investigación u órdenes de aprehensión en su contra. Entre ellos se agregó Jaime Slomianski, quien fue titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), quien junto a otros cuatro colaboradores sería responsable de un daño a la hacienda pública por 29 millones 454,238 pesos.
En octubre de 2020, la Fiscalía expuso una colección de 41 autos de lujo así como obras de arte en una propiedad ubicada en Morelos que pertenece a Raymundo Collins, titular del Instituto de Vivienda (Invi), buscado por el presunto desvío de recursos, y a quien se le giró una segunda orden de aprehensión el pasado 21 de enero, según dio a conocer la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.
Coincidiendo con la definición de precandidatos de los partidos en la ciudad, la titular de la Fiscalía General de Justicia expuso que durante la anterior administración –encabezada por el PRD– un grupo de funcionarios de “alto nivel” participaron de forma directa en una “maquinaria” para el desvío de recursos públicos.
Se instauró un sistema minuciosamente planeado para extraer grandes cantidades de recursos públicos”.
Para arrancar el año, la Fiscalía pidió a la Cámara de Diputados el desafuero de Mauricio Toledo, exjefe delegacional de Coyoacán, quien es investigado por un enriquecimiento inexplicable al ser expuesto como el propietario de dos departamentos en Benito Juárez, una finca en Tlalpan y cuentas bancarias, todo por un valor por encima de los 50 millones de pesos.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha defendido la legitimidad de las investigaciones a partir de la independencia de la FGJ, ahora que de acuerdo con la ley su titular es nombrado por el Congreso capitalino, no por quien encabeza el Gobierno de la ciudad, aunque la fiscal fue parte de su gobierno.
Sheinbaum también ha aprovechado las conferencias de prensa para señalar la corrupción de la anterior administración y ha calificado a los ex funcionarios como “delincuentes”.
“Fue una administración plagada de corrupción y las investigaciones que se hicieron en su momento desde la Contraloría General que fueron presentadas a la Fiscalía General han tenido unas importantes investigaciones y en muchos casos… las órdenes de aprehensión giradas a distintos niveles de servidores públicos.
“Bueno, siempre digo servidores, de delincuentes que trabajaron en el Gobierno de la Ciudad”, comentó apenas el pasado 4 de febrero.
Para Enrique Toussaint, analista político, la serie de investigaciones contra los ex funcionarios se trata de un caso de “justicia política” con un objetivo frente a la jornada electoral.
“No dudo que muchos de estos exfuncionarios sean corruptos o hayan caído en casos de corrupción. Una cosa es eso y otra creer que detrás de este discurso político no hay una idea de obtener ventajas en términos del partido político; estamos en campaña electoral”, señala el politólogo en entrevista con Expansión Política.
El próximo 6 de junio los ciudadanos elegirán a 16 alcaldes y 66 diputados del Congreso local, así como 160 concejales de las alcaldías, en todos los cargos la mayoría es morenista, ya sea porque ganaron con ese partido o porque dieron el salto.
El analista destaca que Morena busca afianzar la posición de Morena en la capital. Un segundo objetivo es impulsar una posible candidatura a la presidencia de la actual jefa de Gobierno, quien competiría con Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores.
“Hay dos precandidatos muy claros para la presidencia en 2024 y si Claudia sigue con alta aprobación en la capital es innegable que tiene altísimas probabilidades de pelear con Marcelo Ebrard por la candidatura”, afirma.
El especialista en procesos políticos y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Telésforo Nava, coincide en que las investigaciones contra exfuncionarios tienen un objetivo electoral y señala que si las indagaciones llegarán o no hasta el propio exjefe de Gobierno también será un cálculo político.
Estas acciones como las que Claudia Sheinbaum ha tomado y a nivel federal también lo están haciendo, tienen un cariz totalmente político. Todo esto se está operando políticamente".
“Por otra parte está calibrando hasta donde van a arrojar a funcionarios en el circo romano a los leones. ¿Es suficiente con los 35 ex funcionarios en las carpetas de investigación o se llega hasta Miguel Ángel Mancera? Depende de eso”, sostiene Nava.
“No nació con Morena pero sí se ha exacerbado con Morena. El uso político de la justicia es uno de los peores males que tenemos en este país. Encuentras algo pero en realidad la motivación de estas investigaciones o señalamientos no es el hacer justicia con el pasado ni la rendición de cuentas a la ciudadanía sino simplemente señalar adversarios, ensuciar al enemigo", apunta Toussaint.
Con partidos de oposición divididos, Morena podría ganar aún más poder en la ciudad, considera Toussaint. Sin embargo, Morena ha sufrido un desgaste producto de las crisis de salud y económicas ante la pandemia de COVID-19, entidad con más muertes a nivel nacional por el virus junto con el Estado de México, apunta Telésforo Nava.
Con los partidos de oposición debilitados en la ciudad, el académico señala que la oposición podría venir de los empresarios y cámaras de comercio, ante el costo de la suspensión de actividades durante la pandemia y la falta de apoyos.
“La oposición tradicional no vale nada. El PRI quedó hecho papilla, el PRD ya es pasado, no es ni una pálida sombra de lo que fue y el PAN que quedó mal, no tanto como el PRI, pudo haber hecho una oposición pero no, se dividieron. La oposición va a venir del gran sector empresarial”, comenta Nava.
