Los diputados de la Ciudad de México seguirán los pasos de los legisladores federales, y este domingo 1 de septiembre arrancarán el primer periodo ordinario del segundo año de su actual Legislatura, en una sesión que abrirán con la recepción del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El documento será entregado por escrito y en él Sheinbaum debe dar cuenta de sus primeros meses al frente de la CDMX, donde la militante de Morena asumió la Jefatura de Gobierno el pasado 5 de diciembre, tras ganar las elecciones de 2018 por un amplio margen.
Dentro de los trabajos legislativos, la bancada de Morena —que es mayoría en el Congreso capitalino— ha definido entre las prioridades del periodo concretar la formación del Consejo Judicial Ciudadano, organismo por el cual deberán ser aprobados los candidatos propuestos por Sheinbaum para encabezar la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
Dicha fiscalía, que aún requiere de una ley orgánica, tomará el lugar de la actual Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX), que es encabezada por Ernestina Godoy.
En semanas recientes, la oposición en el Congreso capitalino exigió que en la legislación local se garantizara que esta nueva instancia será autónoma de la Jefatura de Gobierno, como lo establece la Constitución capitalina.
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Además, como prioridad está crear la nueva Ley de Planeación para la CDMX, que se prevé dé paso al nacimiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Está contemplado que este organismo sea el encargado de definir cómo se dará el desarrollo urbano en la capital y qué autoridades serán las responsables en esta materia.
La discusión de este tema está prevista tan pronto como el próximo jueves 5 de septiembre, luego de que en las semanas anteriores se han realizado foros para recabar opiniones y propuestas.
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A esto se suma que, dentro de la Comisión de Rendición de Cuentas, presidida por el morenista José Luis Rodríguez Díaz de León, se presentarán los resultados de las auditorías de 2018, que incluyen el fideicomiso de Uber y los contratos para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ambos asuntos y los recursos ejercidos a través de ellos corresponden al último año de la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018).
“En materia de reconstrucción, se realizaban pagos por demolición de hasta 3,000 pesos por metro cuadrado, cuando términos reales en el mercado no supera los 500 pesos, explicó el diputado.
“De contraprestación por aplicaciones como Uber (las pasadas autoridades) dejaron un fideicomiso privado. La intención era transparentarlo, conocer su mecanismo de operación. No entregaron convenios, no entregaron contrato, no tuvo oportunidad la Semovi (Secretaría de Movilidad) de intervenirlo de manera inmediata”, agregó el morenista.
En este segundo año, el Congreso también deberá discutir y definir el presupuesto público para 2020 asignado tanto al gobierno central como a las 16 alcaldías.