Era la noche del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas. Un Cadillac blanco se puso al lado de un BMW negro en un semáforo. Bajaron una ventanilla y sonaron los disparos. En el BMW iba el famosísimo rapero Tupac Shakur, de 25 años. Murió seis días después. Quizá la nueva generación no haya escucha de él, pero en ese tiempo, era considerado uno de los mejores del mundo.
Durante treinta años nadie pagó por ese crimen. Hasta que un hombre habló demasiado.
Duane “Keffe D” Davis, antiguo líder de una pandilla de Compton, contó su versión de cómo participó, en entrevistas y en un libro que vendió muchas copias. Cuando eso lo llevó a juicio, su defensa dijo que había inventado todo para hacerse famoso. El jurado no le creyó. El pasado 13 de octubre, una jueza lo sentenció a una pena de 40 años de prisión como mínimo, con posibilidad de cadena perpetua.
Por fin había un condenado. Pero eso no quiere decir que sepamos todo lo que pasó. En el juicio nunca apareció el arma y no hubo pruebas de laboratorio de ADN que lo pusieran en el lugar. La fiscalía se apoyó, sobre todo, en lo que él mismo había dicho. Es legal: nadie te puede obligar a declarar contra ti, pero si hablas por tu cuenta, tus palabras cuentan. Aun así, Davis ya dijo que va a apelar.
Un juez no resuelve los misterios de la historia. Decide si hay pruebas suficientes para castigar a alguien. La verdad completa es otra cosa, y a veces nunca llega.
En México le tendemos de sobra. Aquí la justicia ha fallado de muchas maneras.
A Luis Donaldo Colosio lo mataron en 1994, en plena campaña, delante de una multitud. Mario Aburto fue condenado hace décadas y, aun así, el país sigue discutiendo si actuó solo. Hay condenado, pero no hay confianza.
El cardenal Posadas Ocampo murió en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. El gobierno dijo que lo confundieron en un tiroteo entre bandas. Pero el director del Servicio Médico Forense de aquella época cuestionó esa versión y señaló que recibió 14 disparos directos. La Iglesia nunca aceptó la explicación oficial. Más de 33 años después, seguimos sin tener una explicación que convenza a todos.
El cardenal Posadas Ocampo murió en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. El gobierno dijo que lo confundieron en un tiroteo entre bandas. Pero el director del Servicio Médico Forense de aquella época cuestionó esa versión y señaló que recibió 14 disparos directos. La Iglesia nunca aceptó la explicación oficial. Más de 33 años después, seguimos sin tener una explicación que convenza a todos.
A José Francisco Ruiz Massieu lo asesinaron en 1994. Condenaron al que disparó. Condenaron también a Raúl Salinas de Gortari como el que mandó matarlo, pero lo absolvieron en 2005, después de más de diez años preso. Y el diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado como pieza clave, desapareció dos días después del crimen y nunca lo encontraron. Uno disparó, otro salió libre y otro se esfumó.
A la abogada Digna Ochoa la encontraron muerta en su oficina en 2001. Las autoridades se inclinaron por el suicidio. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la investigación había tenido graves deficiencias y ordenó realizar una investigación efectiva.
Y están los 43 de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. Aquí no hay ni condena que alcance ni verdad que alcance: la versión con la que el gobierno quiso cerrar el caso fue desmentida por expertos independientes. Doce años después, hay nuevas líneas de investigación, pero los representantes de los padres sostienen que siguen lejos de saber dónde están sus hijos.
Son casos muy distintos. Algunos tuvieron condenados, otros no. Pero en todos pasó lo mismo: la gente dejó de creer en cómo se hizo el trabajo, no solo en el resultado. Y cuando las autoridades no dan explicaciones, otros ocupan su lugar: las redes, la televisión, las teorías que más nos convienen. Dejamos de preguntar qué se puede comprobar y empezamos a preguntar qué versión nos gusta más.
Me parece que ahí está el error de fondo. Casi siempre le echamos la culpa al juez que soltó al acusado. Casi nunca preguntamos quién juntó las pruebas, quién las guardó, quién interrogó a los testigos o quién dejó que se perdieran los documentos.
Pedimos que los jueces hagan justicia, pero también que arreglen lo que hicieron mal policías, peritos y fiscales. Y un juez no puede inventar pruebas que nadie consiguió. Tampoco debería condenar a alguien nada más para calmar el enojo de la gente. La presunción de inocencia no es un favor para los criminales. Es una protección para todos, sobre todo cuando el Estado se equivoca.
Hasta en el caso de Tupac queda una duda incómoda. En 2008, Davis habló con investigadores bajo un acuerdo que, según su defensa, lo protegía. Los tribunales determinaron que esa protección no impedía utilizar sus declaraciones posteriores y el juicio siguió. Pero ¿por qué pasaron tantos años entre lo que se sabía y el día en que se llevó a juicio? Esa pregunta casi nunca llega a las noticias, y es la que más dice de cómo trabajó el sistema.
Y ahora México enfrenta una prueba todavía mayor. Con la reforma judicial comenzamos a elegir jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular. Nos prometieron una justicia más cercana, más transparente y menos sometida a intereses. Pero cambiar la manera de elegir a quienes juzgan no garantiza que mejore la manera de investigar.
¿Tendrán los nuevos jueces la preparación y la independencia necesarias para resolver casos tan complejos como los de Colosio o Ayotzinapa? ¿Podrán tomar decisiones impopulares cuando las pruebas así lo exijan? ¿O terminaremos confundiendo la justicia con otra competencia electoral?
Un juez elegido por el pueblo no necesariamente es un mejor juez. Y uno nombrado por el sistema anterior tampoco era garantía de honestidad. Lo importante no es solamente cómo llega al cargo, sino cómo responde por sus decisiones. La reforma judicial será verdaderamente útil si consigue que las sentencias sean más comprensibles, las instituciones más responsables y los ciudadanos menos ajenos a lo que sucede en los tribunales.
Por eso propongo algo sencillo. Cada vez que un caso grande se cierra, se cae o se reabre, el Estado debería publicar un informe claro, sin tecnicismos, que diga qué se hizo, qué falló y quién tomó cada decisión, respetando los datos protegidos y las investigaciones que sigan abiertas.
Imagina que ese informe existiera hoy sobre Posadas. Sabríamos quién decidió que fue un tiroteo entre bandas, con qué pruebas y por qué se descartó lo que decía el forense. No habría que creerle a nadie por fe: bastaría con leerlo. Si la investigación fue buena, el informe la protege. Si fue mala, nos dice dónde corregir.
No hace falta ser abogado para exigirlo. Basta con preguntar: ¿qué pruebas hay?, ¿cómo las consiguieron?, ¿se respetaron los derechos del acusado?, ¿quién responde por los errores?
En Las Vegas tardaron treinta años en conseguir una condena. En México llevamos más de treinta discutiendo qué pasó en Lomas Taurinas y doce preguntando por los 43.
Porque una condena puede cerrar un expediente, pero no necesariamente las heridas de una sociedad. Y cuando pasan las décadas, cambian los gobiernos, mueren los testigos y las preguntas siguen siendo las mismas, el problema ya no es solamente encontrar al culpable.
Es descubrir que también hemos sido víctimas de una justicia que nunca terminó de decirnos la verdad.
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*Caleb Ordóñez Talavera (1984) es abogado, comunicador y especialista en Periodismo digital por la Universidad Complutense de Madrid.
Nota editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
