La reciente publicación del Programa Sectorial de Salud (PSS) 2025-2030 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 delinean el escenario en el que se moverá el sistema de salud en los próximos años. Ambos documentos reflejan las necesidades centrales del sector y contemplan un programa con ambiciones transformadoras frente a un financiamiento que apenas sostiene la operación cotidiana.
#ColumnaInvitada | El rumbo del sector salud en México
El rumbo del sector salud está trazado, pero la velocidad y la viabilidad dependerán de la voluntad política para convertir promesas en realidades tangibles.
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El Programa inicia con un diagnóstico en el cual de manera acertada se reconocen los rezagos históricos del sector salud en México: cobertura insuficiente, infraestructura desigual, cadenas de suministro frágiles, recursos humanos limitados, una alta prevalencia de enfermedades crónicas y la permanencia de un sistema fragmentado y con grandes desigualdades entre regiones.
Más adelante, se plantean los siguientes objetivos estratégicos: i) garantizar el acceso universal, ii) mejorar la calidad y la capacidad resolutiva, iii) asegurar el abasto de medicamentos, iv) fortalecer la prevención, v) modernizar el sistema y vi) reducir las brechas en poblaciones vulnerables.
El gobierno busca consolidar al IMSS-Bienestar como el principal eje de atención para quienes no cuentan con seguridad social, con énfasis en expandir la infraestructura en zonas marginadas y programas comunitarios como “La Clínica es Nuestra”. La estrategia incluye modernizar el sistema mediante un expediente clínico electrónico homologado, la telemedicina y la integración de datos, además de reforzar la gobernanza interinstitucional para superar la fragmentación del sistema, con convenios de intercambio de servicios, personal e insumos.
En materia de prevención, la línea del gobierno ha sido clara con las políticas fiscales contra alimentos ultraprocesados, la detección temprana de enfermedades crónicas, los tamizajes de cáncer y un mayor foco en salud mental y adicciones. Sin embargo, aunque el PSS fija metas ambiciosas en cobertura, infraestructura y personal, dedica menor atención a evaluar la calidad, la seguridad del paciente o la continuidad de la atención. El riesgo es que al privilegiar lo cuantitativo sobre lo cualitativo, los avances se midan en números pero no necesariamente en mejoras efectivas para la salud de la población.
La promesa de acceso universal contrasta con un gasto público en salud que desde hace más de una década se mantiene estancado en torno a 2.7% del PIB, muy lejos del promedio de 6% en la OCDE. Además, el gasto per cápita dirigido a población sin seguridad social ha disminuido, aunque ese grupo creció en más de 12 millones de personas en los últimos años. Esto refleja una paradoja: el gobierno quiere ampliar derechos con menos recursos por persona.
El PPEF 2026 proyecta un gasto en salud de 996.5 mil millones de pesos, un aumento real de 5.9% frente a 2025, equivalente al 2.6% del PIB. En apariencia, es una buena noticia. Sin embargo, el alza no compensa la caída registrada en 2025 ni cambia el rezago estructural.
El incremento se concentra en el IMSS, cuyo presupuesto sube 11.7%. En contraste, el del IMSS-Bienestar crece apenas un 0.8%, lo que profundiza la brecha en el financiamiento per cápita y limita la cobertura para quienes más lo necesitan. La Secretaría de Salud enfrenta un recorte de 3.2%, tras la integración de múltiples programas específicos en partidas generales. Esa “simplificación programática” diluye la trazabilidad del gasto: hoy resulta casi imposible saber cuánto se destina realmente a VIH, diabetes u obesidad.
Se propone, además, aumentar el IEPS a tabaco y bebidas azucaradas, con el argumento de dirigir los recursos adicionales al sector salud. No obstante, sin una reforma legal que blinde esos ingresos para el sector, éstos seguirán integrándose a la bolsa general y dependerán de la voluntad política en cada presupuesto.
El PSS plantea transformaciones que requieren continuidad transexenal, coordinación entre federación y estados e incentivos adecuados para médicos y enfermeras. Pero en la práctica, la centralización del sistema sanitario continúa con conflictos sin resolver: la homologación de condiciones laborales, la suficiencia de recursos para nómina transferida y la corresponsabilidad estatal son asuntos que generan fricciones políticas y que, de no resolverse, pondrán en riesgo la consolidación de IMSS-Bienestar.
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El presupuesto 2026 también refleja prioridades políticas más amplias: mientras aumentan recursos para pensiones, programas sociales y el rescate de Pemex, la salud muestra apenas un alza modesta. La discusión no es sólo de pesos y centavos, sino de qué sectores resultan prioritarios en la agenda de gobierno. Y es claro que la salud no está entre esas prioridades.
De aquí a los próximos años, la salud en México presentará tres grandes retos:
- Financiamiento insuficiente: sin avanzar hacia un gasto público cercano al 5-6% del PIB, será difícil cumplir la promesa de acceso universal.
- Coordinación política: la consolidación del IMSS-Bienestar y los convenios interinstitucionales exigen acuerdos duraderos con gobernadores y sindicatos.
- Continuidad institucional: sin blindaje legal y presupuestal, las reformas corren el riesgo de quedarse en papel.
El rumbo del sector salud está trazado, pero la velocidad y la viabilidad dependerán de la voluntad política para convertir promesas en realidades tangibles. La pregunta ahora no es si México necesita un sistema de salud más equitativo y moderno —eso está fuera de duda—, sino si la política y las finanzas públicas estarán a la altura del desafío.
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Nota del editor: Karla Suárez (@KarlaSC21) es consultora especializada en la industria farmacéutica y el sector salud en Integralia Consultores (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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