Banca y 4T, la alianza improbable

Por ello, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum han dedicado estos años a cambiar las reglas del juego. Han aprobado leyes para limitar la expansión de sectores estratégicos como el energético y el minero; renegociado contratos de abasto de energía con empresas que vendían a la CFE; reformulado acuerdos de hospitales y penales bajo esquemas APP; y rediseñado procesos de licitación, como los de compra de medicamentos.

En ese contexto, la banca parecía uno de los sectores más políticamente vulnerables. No solo por su alta rentabilidad —que proviene, en parte, del cobro de servicios y tasas de interés a millones de ciudadanos que votan por Morena—, sino también por la fuerte presencia de capital extranjero, especialmente español, en un momento en que la relación diplomática con España sigue, al menos oficialmente, en “pausa”. Atacar a la banca para beneficiar a los cuentahabientes sería, sin duda, una jugada políticamente rentable para un gobierno morenista.

Y sin embargo, los banqueros han salido mejor librados que otros sectores. Esto habla de su habilidad estratégica, de la sensatez del gobierno, de la fortaleza de las instituciones financieras del país y del peso de la integración con América del Norte.

1. Habilidad de los banqueros

El gremio bancario mexicano se ha mostrado profesional, estable y con una notable capacidad institucional para dialogar con gobiernos de cualquier signo político sin antagonizar. En lugar de defender abiertamente sus privilegios, los banqueros han optado por un discurso alineado con los objetivos sociales del gobierno: inclusión financiera, desarrollo regional y apoyo a las mipymes. Esta estrategia ha reducido fricciones y les ha permitido conservar espacios clave.

2. Sensatez del gobierno

Tanto López Obrador como Sheinbaum han entendido que confrontar a la banca saldría caro, no solo en términos económicos, sino también en confianza de inversionistas. Aunque una parte de la base de Morena podría aplaudir medidas de corte populista contra los bancos, el gobierno ha optado por un enfoque de corresponsabilidad. Ha privilegiado las coincidencias: ampliar el crédito, fomentar la inclusión financiera y, ahora, articular la banca con los objetivos del Plan México. En la lógica pragmática del gobierno, la banca no es el enemigo: es una herramienta de desarrollo.

3. Fortaleza de las instituciones financieras

Una de las razones por las cuales el sector bancario ha mantenido estabilidad es la robustez institucional que lo respalda. El Banco de México ha conservado su autonomía y su profesionalismo, sin haber sido alcanzado —al menos no de forma profunda— por las presiones ideológicas de la 4T. Además, dependencias clave como la CNBV, la Condusef y la Secretaría de Hacienda cuentan con cuadros técnicos sólidos, difíciles de sustituir sin generar descalabros. Esta capacidad técnica ha sido un escudo eficaz contra decisiones apresuradas.

4. Interdependencia estructural con Estados Unidos

El sistema financiero mexicano no opera de forma aislada. Una parte relevante de sus activos está denominada en dólares o vinculada a flujos comerciales y financieros con Estados Unidos. Varias instituciones que operan en México son filiales de grupos bancarios estadounidenses. El T-MEC establece disposiciones claras sobre servicios financieros que limitan acciones unilaterales de los gobiernos y exigen condiciones previsibles para los inversionistas. Además, una proporción significativa de los más de 60,000 millones de dólares anuales en remesas fluye a través del sistema bancario mexicano, lo que refuerza el incentivo político para mantener una relación financiera estable con Estados Unidos.

En un entorno adverso, la banca no sobrevivió por ser intocable, sino porque supo volverse indispensable. Los banqueros se movieron como alfiles: discretos, pero estratégicos. Y el gobierno, lejos de desmantelar el sistema financiero, lo integró como una palanca de su propio proyecto. Esta convivencia —improbable en el discurso, pero evidente en los hechos— demuestra que el poder económico y el político no siempre se enfrentan: a veces, simplemente se necesitan. La pregunta ahora es si esta tregua silenciosa evolucionará en una alianza duradera o si, ante la presión por resultados sociales más visibles, será necesario —otra vez— renegociar las reglas del juego.

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Nota del editor: Antonio Ocaranza Fernández es CEO de OCA Reputación. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.