Tras concluir 2024 con señales claras de debilidad, la economía mexicana inició 2025 evitando una recesión técnica, aunque con un crecimiento marginal de apenas 0.2% en términos reales, según los datos oportunos del PIB. Este panorama de bajo dinamismo se ve agravado por un entorno internacional cada vez más complejo, marcado por las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos y por factores internos como la incertidumbre derivada de las reformas al Poder Judicial, así como la desaparición de diversos órganos autónomos y cambios en áreas estratégicas como Pemex y la CFE.
México frente al nuevo ciclo económico: aranceles y una economía bajo presión
Los próximos dos años no sólo pondrán a prueba el rumbo económico del país, sino también el liderazgo político de la administración de Claudia Sheinbaum.
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En este contexto, la política comercial del presidente Trump ha encendido las alarmas. México mantiene una estrecha dependencia económica de Estados Unidos, con exportaciones que en 2024 superaron los 500,000 millones de dólares. Las nuevas medidas imponen aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y productos derivados, así como a vehículos, autopartes y componentes no originarios de Estados Unidos. Adicionalmente, se aplican aranceles del 25% a productos no cubiertos por el T-MEC provenientes de México y Canadá, y del 10% a fertilizantes de potasa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que su administración no responderá con medidas recíprocas, sino que privilegiará el diálogo y el uso de los canales institucionales para dirimir las diferencias. En la misma línea, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha asegurado que México cuenta con fundamentos sólidos para absorber estos choques externos.
El impacto podría ser particularmente agudo en sectores clave de la economía. México es el décimo cuarto productor mundial de acero y concentra minas estratégicas en estados como Michoacán, Nuevo León y Guanajuato. Según la Canacero, México y Canadá representan más del 40% de las importaciones de acero de Estados Unidos, lo que subraya la relevancia del sector en la relación bilateral.
En términos de las expectativas de crecimiento, estas se han ajustado a la baja, incluso por parte del gobierno: la Secretaría de Hacienda redujo su estimación de crecimiento del PIB para 2025 a un rango de entre 1.5% y 2.3%, desde un anterior de 2.0% a 3.0%. Para 2026, prevé una recuperación moderada de entre 1.5% y 2.5%. Estas cifras contrastan con las proyecciones de organismos internacionales y analistas independientes. El Banco de México anticipa un crecimiento de apenas 0.6% para 2025 y no descarta una contracción en su escenario más pesimista. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una caída del 0.3% del PIB este mismo año. La confianza empresarial se mantiene débil y los temores de una recesión comienzan a instalarse en los análisis de las principales instituciones financieras globales.
A pesar de los matices del discurso oficial, la tendencia es clara: 2025 se perfila como un año de débil crecimiento. Esta no es una situación inédita. Históricamente, los primeros años de gobierno en México suelen enfrentar condiciones económicas difíciles. De los últimos cinco sexenios, tres iniciaron con contracciones del PIB, uno registró estancamiento y sólo uno mostró un crecimiento moderado.
En este contexto, el reto no es únicamente el presente inmediato, sino lo que se vislumbra a futuro. Los riesgos de una recesión más profunda podrían derivar en un entorno adverso para el consumo, la inversión y el empleo. Esto debilitaría aún más el mercado interno y complicaría las condiciones de financiamiento y comercio exterior. En consecuencia, las finanzas públicas enfrentarían mayores presiones, reduciendo el margen de maniobra del gobierno para invertir en infraestructura, energía, salud y educación.
No obstante, México también cuenta con fortalezas institucionales que podrían amortiguar el impacto. La apertura comercial, un tipo de cambio flexible y la autonomía del banco central siguen siendo pilares clave de estabilidad macroeconómica. Asimismo, hay espacios de oportunidad que el gobierno puede aprovechar para generar certidumbre. La revisión del T-MEC, originalmente prevista para 2026, podría adelantarse. Una revisión anticipada, en el actual contexto de tensión comercial, podría contribuir a consolidar un marco de certidumbre. Un T-MEC fortalecido y adaptado a las nuevas condiciones económicas permitiría a México reposicionarse en las cadenas globales de suministro.
El Plan México busca ser una respuesta estructural a este entorno adverso. A través del impulso a la relocalización de inversiones, la elevación del contenido nacional y el incremento de la inversión al 25% del PIB en 2026 y al 28% en 2030, se propone generar 1.5 millones de empleos en sectores estratégicos. Aunque sus efectos aún están por verse, la propuesta apunta a construir una visión de largo plazo.
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Los primeros años del sexenio van a ser dos años difíciles. Las acciones del gobierno en los próximos meses definirán no sólo la trayectoria económica inmediata, sino también su capacidad para construir confianza y sostener la gobernabilidad en un entorno desafiante. En este contexto, la certidumbre es el activo más valioso. No debe desperdiciarse.
En este escenario, la presidenta Sheinbaum enfrenta el reto de pilotear la economía mexicana en una etapa especialmente exigente. Su capacidad para enviar señales claras al mercado, preservar los equilibrios macroeconómicos y fortalecer la confianza del sector productivo será decisiva. Los próximos dos años no sólo pondrán a prueba el rumbo económico del país, sino también el liderazgo político de su administración.
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Nota del editor: Daniel García (@Dl_Garcia_) es consultor especializado en temas económicos y financieros en Integralia (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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