De impartición a importación de justicia

Marcelo Ebrard, recientemente, evidenció la enorme confusión que prevalece dentro del gobierno, cuando éste afirmó que el T-MEC era responsable del crecimiento del intercambio comercial en la frontera que, desde hace mucho tiempo, es la más activa del orbe, dejando claro que los políticos no advierten que la actividad económica ha venido creciendo a pesar de ese tratado y de las múltiples medidas que dificultan el entorno de negocios, siendo el territorio nacional, por causa de los encargados del poder público, fértil campo para las actividades que desarrolla el crimen organizado. Sin ese tratado la interacción comercial, por sinergias y méritos propios, habría prosperado, y aún con las deficiencias de aquel, está llamada a crecer.

Las soluciones que el país demanda no están, ni han estado, en el legislativo. Por el contrario, las reformas legales instrumentadas, precipitada e irracionalmente, lejos de eliminar obstáculos y dificultades propias de un mundo que atraviesa severos ajustes, han derruido el orden constitucional, dejando un instrumento esquizofrénico en el que ningún empresario puede encontrar la base adecuada para la creación de empleos bien remunerados, que brinden oportunidades de crecimiento laboral, siendo patente que tales deformaciones normativas anulan el porvenir de quienes recién se integran a la economía, esto es, de los más jóvenes.

La que otrora fuera Carta Fundamental, hoy, es un cúmulo de facultades autoritarias en el que los poderes de la Unión se encuentran al servicio de los políticos en turno, privando a los ciudadanos del más básico servicio para el desarrollo de una comunidad civilizada, la administración de justicia.

Es innegable que la imperiosa necesidad de seguridad y justicia dieron origen al estado, así como que, el necesario y sano establecimiento de valladares que protejan al ciudadano de los excesos del soberano fue lo que dio origen al estado moderno. Son precisamente tales elementos, los que nos hacen ver, con claridad, que aquella entidad política institucional que surgiera en 1810 ya no existe, dando paso a una regresión difícil de nominar.

También, es claro que históricamente la noción de un Tribunal del Pueblo no es para nada novedosa. Fue la primera institución que Hitler impulso como parte fundacional de su T4. Si bien es cierto que, el “movimiento” que sustituyera la federación de tribus que fuera el PRD, reniega y desconoce toda relación con lo que fuera el 3er Reich, todos los días hace lo imposible por retomar el camino entonces andado. El uso de términos y conceptos comunes resulta, por lo menos, sorprendente, ya no digamos el uso abusivo de la propaganda o la selección ideológica de un segmento social al que se ataca y señala como causa de todos los males.

Por eso, el INE bien hará en identificar a los que quieran ser ministros, magistrados o jueces del pueblo, ya que son sólo continuación de aquel órgano jurisdiccional que subsumió la voluntad de toda una nación en el proyecto autocrático de un tirano.

No hay que esperar a que se lleve a cabo la sustitución de órganos jurisdiccionales, el efecto destructor de la propuesta ha hecho ya lo suyo, jueces y magistrados han caído en la desesperanza, y ya sólo ven como cobrar sus últimas quincenas, o bien, por necesidad, tratan de averiguar cómo traicionar el juramento que hicieran para proteger el pacto del 17, buscando integrarse al vergonzoso sainete que hará de juzgados y tribunales una extensión del Poder Ejecutivo.

Sí, lo que teníamos era malo, pero lo que viene será el prólogo de la cubanización de los Estados Unidos Mexicanos, sumiendo a sus ciudadanos en la pobreza, en el sojuzgamiento y la zozobra que prevalece en la caribeña isla. Será justicia, lo que desde las oficinas burocráticas se diga que lo es, ya que las leyes no son sino producto de la ciega lealtad de una supermayoría impuesta por órganos y procesos electorales capturados de manera atrabiliaria.

No pasamos por alto que Norma Piña venía del Tribunal Colegiado en materia administrativa con mayor rezago, siendo un órgano notorio por su improductividad y bajo rendimiento, ni tampoco, que Felipe Fuentes tuvo un muy desafortunado, trompicado y forzado paso por esos tribunales administrativos. Ambos, llegaron impulsados por la entonces operadora, judicial y perjudicial, de Peña Nieto. Ambos, deben sus actuales posiciones a una muy estrecha relación con quien fuera la consejera que mangoneaba para los Pinos el CJF.

Tampoco olvidamos que Calderón traficó la designación de Pérez Dayan, aun cuando la vacante no se había producido. Sí, podríamos seguir dando cuenta de un Poder Judicial de lo Familiar, llegando hasta los Luna, pero, en el foro, son bien conocidas todas esas historias. Pero, hacia donde vamos, es aún peor. Fueron décadas las que formaron a jueces y magistrados honrados y capaces, dotados de una efectiva autoridad moral, quienes hacían el contrapeso. Ellos, con voz potente, mantuvieron una débil, pero siempre presente, llama de la justicia. La mayoría, por dignidad, ha decidido renunciar, otros, piensan que podrán seguir siendo honestos en un chiquero jurisdiccional. Está por verse. Sí, el nepotismo, el influyentismo y la formación de cuotas partidarias siempre estuvieron presentes, pero nada que ver con lo que ahora tenemos.

En su loca carrera por destruir al México de antes, quien fuera titular del Ejecutivo Federal, al igual que en la mítica historia, abrió la caja de Pandora, dejando en el fondo una esperanza. Dejó bien claro a sus secuaces que es válido, aceptable, legal, y, sobre todo, no objetable, que tribunales del exterior sometan a su veredicto a aquellos funcionarios que, dando la espalda a quien juraron servir, violan leyes o tratados y convenios internacionales. Vio, y hasta trasmitió en su pulpito de la venganza, el proceso de García Luna que, esperamos, sea tan sólo el primero de muchos.

Tan transfronteriza la acción delictiva del reo, como la jurisdicción que lo llevó a la silla del acusado. Suele criticarse la aplicación extraterritorial de las normas, sin ver que, en un mundo altamente integrado, los efectos de los delitos, los atropellos y abusos no miran, ni se detienen en las fronteras, y que la acción arbitraria y abusiva de los gobiernos no para en los linderos de un país, sino que suele extenderse a los bienes, activos, derechos y posesiones de sujetos que son, y deben ser protegidos, por gobiernos del exterior.

En un mundo al derecho, el gobierno mexicano, lejos de pedir groseramente cuentas, del por qué apareció un delincuente tras las rejas en el vecino país (de sobra agraviado), habría agradecido la acción. En el mundo al revés, la acción de la justicia es criticada y objetada. En un estado de derecho los criminales no tendrían, como beneficio, la cada vez más imaginaria línea que nos separa, privilegiando los intereses comunes que nos hermanan, y, sobre todo, el combate al flagelo de nuestros días.

Hoy, la justicia clama y reclama por tribunales producto de racionales, técnicos y objetivos procesos de selección, así como el ser provista por profesionales probados y capaces. La tómbola vicia el proceso, haciendo surgir un poder judicial espurio. Al partido en el poder le acomodó la ley del más fuerte, cuando los crédulos mexicanos aceptaron un resultado electoral producto de todo aquello que vulnera y vicia una elección, pero ahora, se duele y queja, cuando uno más fuerte lo trata como él trata a los justiciables en México.

En su primera elección, Trump, se diga lo que se diga, fue el primer sorprendido del triunfo, y por eso, no tenía una posición clara y fija en los múltiples temas de la agenda binacional, por lo que, lo único que pidió, fue que se le cambiara el nombre, dado que no acepta a México como parte de Norteamérica. Lo demás, lo hizo como quiso, apegado, o no, al texto del tratado. De forma que la inocua capa de eficiencia de los “negociadores” del T-MEC, no es sino una vana y accidental consecuencia de que aún no había sido adoptado un modelo comercial proteccionista. Lo peor que se podría hacer hoy, es consultar a quien tienen, en ese tinglado, su única experiencia.

Mas aún, la columna vertebral de lo que está por ser negociado será un nuevo apartado, que podría denominarse Justicia y Estado de Derecho. En la negociación veremos como se debaten mecanismos para asegurar la prevalencia de principios generalmente aceptados, como esenciales, en lo jurídico, destacando la objetividad, neutralidad e imparcialidad de órganos jurisdiccionales. El poderoso vecino tiene como objetivo establecer un estándar de protección a sus ciudadanos, y a las inversiones de éstos, incluidas, por supuesto, las hechas por conducto de empresas. Pero, al hacerlo, ineludiblemente va a establecer un referente, respecto de los justiciables mexicanos.

De lograrse una negociación en la que se vele y protejan a cabalidad los derechos fundamentales de los estadunidenses, incluidos, de manera destacada, el de acceso efectivo a la justicia, así como el de respeto a las formalidades de procedimiento, confiándose éstos a órganos independientes de la autoridad administrativa, el remedo de esquema constitucional producido por la peor legislatura de la historia quedará al desnudo, siendo insostenible en el medio plazo.

Es importante recordar que, dando pasos atrás, en nuestro país se ha subordinado el derecho convencional al impresentable modelo morenista, incluyendo el denominado ius cogens. Incluso, el apartado dogmático de la constitución fue deformado para, sarcásticamente, incorporar los medios y mecanismos de persecución y amago oficial, retrocediendo siglos en lo jurídico. Debe recordarse que, como quedó claro con el juicio a García Luna y la detención de Ismael Zambada, que los órganos de autoridad en los Estados Unidos de América no son las blandengues, vanas, ridículas y manipulables instancias decorativas del entorno internacional, como lo es la CIDH.

Entre más alta quede la vara de protección jurisdiccional en el nuevo tratado, más baja, despreciable y condenable se verá la que han impuesto atrabiliariamente los recién llegados a los justiciables mexicanos. La justicia así nos vendrá de fuera, será el más preciado de los bienes importados. La negociación por venir rebasa, por mucho, el ámbito comercial.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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