Publicidad
Publicidad

#ColumnaInvitada | Biden vs Trump: deportaciones

Las deportaciones masivas, como las que se plantean en el segundo gobierno de Donald Trump, enfrentan diversas restricciones legales, logísticas, económicas y sociales en Estados Unidos.
lun 23 diciembre 2024 07:02 AM
Citas Regularización Migratoria-1
Aunque el segundo gobierno de Trump podría endurecer significativamente las políticas migratorias, las restricciones hacen que una deportación masiva de millones de personas sea difícil de implementar en la práctica, apunta José María Ramos.

El Gobierno del presidente Joe Biden logró un récord de 271,484 deportaciones de migrantes de 192 países durante el año fiscal 2024, que terminó en septiembre pasado, la mayor cifra en una década, y supera las deportaciones realizadas por ex presidente Donald Trump en su primer mandato (2017-2021).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) casi duplicó las deportaciones del periodo anterior, cuando retornó a sus países de origen a 142,580 personas. Estas limitadas deportaciones reflejan que para la nueva administración republicana no será tan fácil expulsar de manera masiva a los migrantes irregulares. Existen restricciones legales, económicas y financieras que son determinantes.

Publicidad

En cambio, las detenciones de migrantes entre los puertos de entrada de la frontera suroeste de Estados Unidos en noviembre pasado disminuyeron un 76% con respecto al mismo mes del año anterior, un logro alcanzado tras las restricciones al asilo impuestas por el presidente Joe Biden en junio pasado. En noviembre, el segundo mes del año fiscal 2025, se arrestaron entre los puertos de entrada de la frontera suroeste alrededor de 46,610 migrantes, según los datos revelados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). De esta manera la narrativa de las crisis de la frontera planteada por el candidato presidencial Trump no era tal. Sin embargo, sí influyó en la percepción social en el contexto electoral.

El mayor número de deportaciones anuales realizadas por el ex presidente Trump, fue de 267.258 inmigrantes en 2019. Para 2017, cuando comenzó el Gobierno del republicano, ICE deportó a 226,119 inmigrantes, una cifra menor que los 240,255 extranjeros que expulsó en 2016 el Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017) (Agencia EFE, 20 diciembre 2024).

California fue el estado con más inmigrantes en Estados Unidos de manera ilegal, con unos 2.2 millones en 2022, según estimaciones del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, un grupo de expertos no partidista. Le sigue Texas con 1.8 millones y luego aparecen Florida (936,000), Nueva York (672,000), Nueva Jersey (495,000) e Illinois (429,000) (El Economista, 18 diciembre 2024).

Los estados de California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, se encuentran entre los 11 estados con leyes o políticas "santuario" que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Se estima que en el año de 2022 alrededor del 44% de los inmigrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos vivían en estados santuario.

Casi la mitad de los inmigrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos en 2022 procedían de México -4.8 millones de un total de 11 millones-, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (El Economista, 18 diciembre 2024).

Las estimaciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos generalmente incluyen a personas que tienen protecciones humanitarias temporales, lo que significa que no serían deportados de inmediato. Las protecciones incluyen a 1.1 millones de personas cubiertas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) al 30 de septiembre.

Otras 535,000 personas tienen alivio de la deportación y permisos de trabajo a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para inmigrantes "Dreamer" traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños.

Las deportaciones masivas, como las que se plantean en el segundo gobierno de Donald Trump, enfrentan diversas restricciones legales, logísticas, económicas y sociales en Estados Unidos. A continuación, se detallan las principales:

1. Restricciones legales

Protecciones constitucionales: La Constitución de los Estados Unidos garantiza el debido proceso a todas las personas en el territorio del país, incluidas las que no tienen documentos. Esto implica que las deportaciones deben pasar por procedimientos legales, como audiencias ante jueces de inmigración.

Capacidad de los tribunales de inmigración: El sistema judicial de inmigración ya está sobrecargado, con un retraso de cientos de miles de casos pendientes. Esto limita la rapidez con la que se pueden ejecutar deportaciones.

Leyes específicas: Algunas personas están protegidas por legislaciones como el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que requieren procesos legales adicionales para su remoción.

2. Limitaciones logísticas

Capacidad de detención: El sistema actual de detención migratoria tiene un límite físico de camas y centros de detención. Para deportaciones masivas, se requeriría expandir significativamente estas instalaciones, lo que es costoso y políticamente controvertido.

Infraestructura de transporte: Llevar a cabo deportaciones masivas requiere recursos logísticos como aviones, vehículos y personal, lo cual es difícil de escalar rápidamente.

Publicidad

3. Resistencia judicial y estatal

Demandas legales: Un aumento en las deportaciones probablemente provocaría una ola de demandas por parte de organizaciones de derechos humanos, grupos de abogados y gobiernos locales. Estas podrían retrasar o detener las políticas migratorias.

En resumen, aunque el segundo gobierno de Trump podría endurecer significativamente las políticas migratorias, las restricciones mencionadas hacen que una deportación masiva de millones de personas sea difícil de implementar en la práctica. Las políticas podrían centrarse más en un aumento en las detenciones y deportaciones selectivas que en una expulsión masiva.

____

Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU Especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Publicidad

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad