Uno de estos temas críticos son las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS), estudios que en el ámbito internacional se han convertido en herramientas clave para asegurar que los proyectos energéticos no sólo sean rentables, sino que también respeten y beneficien a las comunidades locales.
Durante las últimas décadas, las EVIS han ido ganando relevancia en la planificación y ejecución de los proyectos energéticos. Sin embargo, no siempre se han implementado con la profundidad y el rigor necesarios. En muchos casos, consultores con poca experiencia (o escrúpulos) han utilizado esta valiosa herramienta como un mero trámite de ventanilla, defraudando a desarrolladores y comunidades, quienes han visto cómo las promesas de desarrollo social compartido no se han materializado en la práctica.
Del otro lado de la balanza se encuentra la Secretaría de Energía, cuya Dirección de Impacto Social se ha enfrentado a múltiples retos, como la falta de personal y de recursos, una legislación poco clara que no establece mecanismos de vigilancia y sanción para el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades y enormes filas de solicitudes sin resolver que han tenido que esperar hasta seis años para recibir turno de atención.
En este contexto, es importante notar que durante la administración de AMLO muchas firmas de consultoría tuvieron que desaparecer debido a la enorme sequía de proyectos nuevos, dejando en la orfandad a desarrolladores y comunidades.
No obstante, pese a todas estas adversidades, las EVIS llegaron para quedarse: más aún si consideramos las acciones emprendidas por Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México, como la creación del Proceso de Consulta Vecinal, que demostraron un fuerte compromiso con las políticas sociales.
Esto podría interpretarse como una señal de que, durante la presidencia de Sheinbaum, las EVIS podrían adquirir un mayor protagonismo. Su posición en favor de la transición energética y el respeto a los derechos de las comunidades sugieren que las Evaluaciones de Impacto Social tendrán un papel estratégico en la aprobación y supervisión de los proyectos energéticos, tan ansiosamente esperados.
Además, en el contexto internacional, las organizaciones financieras están presionando a México para que adopte estándares más altos en materia de sostenibilidad. La mayoría de los organismos bancarios exigen cada día evaluaciones más detalladas y comprometidas con los impactos sociales y ambientales.
