Como dicen por ahí, “amor con amor se paga”, y estos beneficios son retribuidos posteriormente en la forma de contratos; permisos o permisividad; o la promesa de instrumentar nuevos esquemas de desvío de recursos una vez en el cargo.
Diversas investigaciones han concluido que lo que el Instituto Nacional Electoral fiscaliza no corresponde a lo que en realidad se gasta en las campañas. Ugalde y Casar, por ejemplo, propusieron que por cada peso declarado por una candidatura a una gubernatura hay 15 pesos más que se mueven “por debajo de la mesa”. El propio Banco de México ha advertido que el uso de dinero en efectivo aumenta inexplicablemente en los años electorales.
El uso de dinero ilegal para financiar la política resulta sumamente problemático para la democracia, no sólo por los compromisos que genera sino porque impide la generación de contextos de equidad mínimos para una competencia electoral íntegra. Por ello sorprende que, por ingenuidad o por deshonestidad, la discusión sobre el financiamiento de las campañas en elecciones judiciales por venir haya sido omitido en la sede legislativa.
Conforme al dictamen aprobado, se puede estimar la disputa de casi 700 cargos del Poder Judicial de la Federación en 2025, lo que implicaría la participación de casi 4,300 candidaturas. Sin embargo, se prohíbe la utilización de financiamiento público y privado para la realización de las campañas, en negación absoluta de la realidad de los procesos electorales en el país. En todo caso, constituye una violación a nuestro derecho a la información, pero también crea las condiciones perfectas para la injerencia de grandes intereses y del crimen organizado sin salvaguarda alguna para garantizar una cancha pareja.
A propósito de la referencia a las elecciones judiciales en algunos estados de los Estados Unidos, resulta pertinente destacar que el dinero en dichos proceses constituye una fuente de preocupación respecto a la susceptibilidad de la justicia a la injerencia de grandes intereses. Conforme al monitoreo realizado por la organización Brennan Center for Justice, las elecciones a los altos tribunales locales atraen más dinero cuando la mayoría partidista o ideológica está en juego, o bien cuando los tribunales han emitido o están por emitir resoluciones controversiales o de alto perfil. Asimismo, destaca que el 45% del dinero gastado en elecciones judiciales entre 2021 y 2022 provino de diversos grupos externos de interés.
