No obstante, el proceso actual de militarización en México ha provocado que su contenido se torne en letra muerta, pues hoy las FFAA tienen participación directa en áreas formalmente civiles como la seguridad pública, la infraestructura, el turismo o el control migratorio y de aduanas.
En este contexto se insertan los múltiples anuncios del presidente López Obrador, realizados realizados desde abril de 2023 , de que este 2024 intentará, una vez más, transferir el mando a la Guardia Nacional (GN) a la estructura administrativa y operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de modificaciones a la Constitución, con lo que eliminaría por completo el carácter civil con el que se planteó este cuerpo de seguridad en 2019.
Esta iniciativa es una reacción a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023 de invalidar un primer intento de su administración de traspasar la GN a la Sedena -la cual, por cierto, no se ha acatado. En aquella ocasión, legisladores de Morena y partidos aliados impulsaron el mando militar para la GN a través de modificaciones a leyes generales, mientras que ahora buscan alterar directamente la Constitución.
Con la iniciativa de reforma constitucional que se prevé que López Obrador presente este 5 de febrero, él busca asegurar de manera definitiva la configuración de la GN como una corporación formalmente castrense, evitando impugnaciones que potencialmente culminen con la SCJN u otros tribunales federales al declarar su inconstitucionalidad e invalidez. Es preciso recordar que los tribunales analizan las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Ejecutivo para verificar que éstos sean compatibles con la Constitución. En este sentido, si se añade directamente el traspaso de la GN a la Sedena directamente en el texto constitucional, sería prácticamente imposible que un juez o jueza lo invalidara.
En esta discusión no se puede obviar el hecho de que la GN ya es una institución materialmente militar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 68.4% de su personal está adscrito a la SEDENA, 17.7% a la GN y 13.9% a la Secretaría de Marina (Semar) . Es decir, el 82.3% de sus elementos provienen de las Fuerzas Armadas (FFAA).
La evidencia disponible sobre sus actividades demuestra que tampoco es una institución de corte policial. El Inegi también reportó que, en 2022, la GN realizó 2,814 puestas a disposición de personas: 2,662 ante el Ministerio Público (94.6%) y 152 ante autoridades de justicia cívica (5.4%). En contraposición, realizó un total de 177,166 detenciones de personas en contexto de movilidad en el mismo periodo. Es decir: en los hechos, la GN no es una institución de seguridad pública, sino una patrulla migratoria militarizada.
