Para comenzar, es necesario entender el volumen y la diversidad de la información que se maneja en el ámbito educativo. En un día típico, una escuela puede recopilar y almacenar datos que van desde la identificación personal de los estudiantes, tales como nombres, direcciones, fotografías, detalles académicos y, en algunos casos información financiera (si consideramos pagos de inscripciones, matrículas o servicios adicionales). Al imaginar, por ejemplo, un registro de calificaciones que se vea comprometido y alterado, no sólo estaríamos hablando de un hecho que pone en tela de juicio la integridad académica de la institución, sino que además podría tener repercusiones graves en la vida futura de los educandos afectados.
La responsabilidad de proteger esta información es crucial. Porque en todo caso, me parece, que más allá de los requerimientos legales o las sanciones a las que se pueden enfrentar las instituciones por no cuidar adecuadamente los datos, se encuentra el compromiso ético de garantizar la privacidad e intimidad de las y los estudiantes.
En la era de las redes sociales y la hiperconexión, un simple dato puede ser el punto de partida para situaciones de riesgo. Pensemos, por ejemplo, en una alumna o alumno que al ver expuesta su dirección personal, se convierte en blanco de ciberacoso; o bien, el caso de un docente que al verse comprometida su información financiera, se ve envuelto en fraudes y suplantaciones de identidad que pueden conllevar graves consecuencias no solo patrimoniales.
Ahora bien, es fundamental hacer una distinción entre ciberseguridad y protección de datos, aunque ambas estén estrechamente relacionadas. Mientras que la ciberseguridad se enfoca en la defensa de sistemas y redes contra ataques externos, la protección de datos tiene que ver con el manejo adecuado y el resguardo de la información personal. Un ejemplo claro podría ser una escuela que invierte en sistemas de seguridad robustos para su plataforma de aprendizaje en línea, pero que no capacita a sus docentes y estudiantes en buenas prácticas para la creación y resguardo de contraseñas. El resultado podría ser un sistema con una fachada impenetrable, pero con múltiples vulnerabilidades internas.
Ante este panorama, el sector educativo en México enfrenta varios retos. El primero es la adaptación y actualización constante de su infraestructura tecnológica. No basta con tener equipos modernos porque, en el contexto descrito y que habitamos, es indispensable contar con software actualizado y protocolos de seguridad robustos; por ejemplo, una escuela que utilice una plataforma de aprendizaje por medios digitalesd o e-learning, podría requerir no sólo servidores seguros sino también, sistemas de encriptación de datos, autenticación de dos o más factores para el acceso y monitoreo constante de posibles brechas de seguridad.
