Pese a que el cáncer se ha convertido en la tercera causa de muerte en México, por lo que es considerado un problema nacional de salud pública, y a pesar de que en promedio se contabilizan 190,000 nuevos casos al año —lo que equivale a 21 casos y 9 defunciones cada hora— en México aún no se cuenta con un marco legal enfocado en la atención y el control del cáncer. No obstante, de manera histórica, el 11 de octubre se presentó ante el Pleno del Senado de la República la iniciativa por la que se expide la Ley General de Cáncer, la cual fue promovida de manera plural por las senadoras Alejandra Reynoso, del PAN; Lilia Margarita Valdez, de Morena; Sylvana Beltrones, del PRI; Nuvia Mayorga, del PVEM, y el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD.
#ColumnaInvitada | Ley General de Cáncer, deuda histórica en materia de salud
Si bien los beneficios e intenciones de esta Ley resultan evidentes, esta iniciativa se enfrenta a múltiples retos para su discusión y aprobación a lo largo del proceso legislativo.
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También resulta necesario destacar el importante papel que tuvo la sociedad civil organizada en este proyecto, ya que estuvo liderado por una Comisión de Trabajo integrada por 13 asociaciones civiles y contó con el acompañamiento y la colaboración de más de 200 expertos en salud pública, médicos, legisladores locales y grupos de pacientes de todo el país.
A grandes rasgos, esta iniciativa considera, entre otras cosas, la creación de una Comisión Nacional de Cáncer como un organismo público sectorizado a la Secretaría de Salud para la prevención, atención y seguimiento a las personas con un diagnóstico de cáncer, y propone la creación de un Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención y Cuidados Contra el Cáncer, en el cual se establezca una estrategia estable, ordenada y medible para reducir los casos y muertes por cáncer. Asimismo, considera la implementación de una Red Oncológica Nacional para garantizar atención y derivación eficientes para pacientes con cáncer en todo México.
Con esta Ley también se busca contar con un instrumento que sea transexenal, para que el seguimiento y la implementación no dependa de la voluntad política del gobierno en turno y, sobre todo, que cuente con un presupuesto suficiente año tras año, ya que como bien sabemos, una ley sin la voluntad política y los recursos necesarios para su puesta en marcha termina siendo letra muerta.
Si bien los beneficios e intenciones de esta Ley resultan evidentes, esta iniciativa se enfrenta a múltiples retos para su discusión y aprobación a lo largo del proceso legislativo en el Congreso de la Unión. Algunas de las principales interrogantes que han surgido durante su creación es el impacto presupuestal para su implementación, la necesidad real de una ley específica para este padecimiento y la existencia de una Ley General de Salud.
Como respuesta a estas inquietudes, a continuación, se muestran algunos datos que permiten entender el escenario nacional de salud pública, los cuales respaldan la necesidad de aprobar una Ley General de Cáncer:
i) De acuerdo con el Coneval, en 2022 se registró un incremento en el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud, pasando de 15.6% de la población (18.8 millones) en 2016 a 39.1% (50.4 millones) en 2022;
ii) El actual sistema de salud y de adquisiciones ha sufrido tres cambios estructurales en los últimos cinco años, lo cual ha impactado de manera significante en la atención médica y en el abasto de medicamentos;
iii) El actual Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 (PPEF 2024) sólo considera una inversión pública para el gasto en salud de 2.88% del PIB;
iv) En 2022, a nivel nacional, el Inegi registró 90,010 defunciones por algún tipo de tumor maligno, entre los que destacaron los tumores de mama, pulmón, hígado y próstata.
v) Actualmente en América latina, siete países cuentan con una Ley Nacional o Ley General para la Atención del Cáncer y 11 países tienen vigente un Plan Nacional o un Plan General de Atención para el Cáncer. México carece de ambos.
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Lo anterior deja en evidencia el largo camino que aún queda por recorrer para contar con un sistema de salud más justo y equitativo. Así pues, esta iniciativa surge del reconocimiento de una deuda histórica con los pacientes en México, de las marcadas desigualdades en el acceso a la atención médica y de la desatención y el descuido transexenal al sector salud.
En conclusión, el ejercicio que enmarca la Ley General de Cáncer significa un importante avance en materia de participación ciudadana, que demuestra la posibilidad de cerrar las asimetrías sociales mediante la gobernanza compartida, que es un instrumento harto complejo, pero sumamente valioso. Por ello, es fundamental que, en las próximas etapas para el estudio y aprobación de esta Ley, las y los legisladores piensen más allá de los colores e ideologías partidistas y con ello se sumen y respalden un proyecto que busca mejorar la vida de miles de pacientes y sus familias.
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Nota del editor: Karla Suárez (@KarlaSC21) es consultora senior especializada en el sector salud en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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