El incremento de mujeres en el ámbito laboral debe asumirse con reservas, porque si bien refleja una mejoría de la economía nacional en un periodo determinado, es posible observar una correlación entre el total de mujeres que se encuentran ocupadas y aquellas que están en la ocupación informal. Es decir, a mayor crecimiento de empleo femenino, mayor es el aumento en las tasas de informalidad nacional que alcanza el 56%, en gran medida consecuencia de la labor de cuidados.
La reducida participación de las mujeres en el ámbito laboral afecta los ingresos y, en consecuencia, limita el acceso al conjunto de esquemas que provee el sistema financiero; la persistencia de la violencia económica empeora el cuadro.
El Banco Mundial define a la inclusión financiera como el acceso que tienen las personas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades (transferencias, pagos, ahorro, crédito y seguros). Como casi todos los aspectos de la vida, la pandemia también trastocó los esfuerzos institucionales que promovían la entrada de mujeres a mecanismos y herramientas financieras.
Entre 2018 y 2021 la población adulta que contó con al menos un producto financiero pasó de 54 a casi 57 millones, un magro crecimiento de apenas 3 millones en ese período; en 2021 el 61.9% de las mujeres contaban con alguno de esos medios, una caída de 3.3 puntos porcentuales respecto a lo observado tres años antes, según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). La proporción de hombres que tuvieron acceso a productos financieros fue de 74.3, ampliando notablemente la brecha a 12.4 puntos porcentuales respecto a las mujeres. En las Afores la brecha es de hasta 18 puntos.
En cuanto a “comportamientos financieros” la ENIF señala que las mujeres tienen un porcentaje más alto frente a los hombres en llevar un registro de los recibos, hacer anotaciones de los gastos y llevar un presupuesto o registro de sus ingresos.
Miles de ellas son víctimas de violencia económica cotidianamente mediante el uso, manejo o control de cuentas bancarias o tarjetas de crédito sin su autorización, vigilar sus gastos, persuadirlas de abrir cuentas bancarias y disponer del dinero obtenido como producto del trabajo, entre otras vejaciones.
El objetivo 6 de la Política Nacional de Inclusión Financiera propone “realizar acciones dentro de las instituciones financieras privadas y públicas para incrementar la inclusión financiera de las mujeres”, y establecer como línea de acción “la obligatoriedad a las instituciones de la banca de desarrollo de diseñar y operar programas o productos dirigidos a las mujeres”.
