Por si fuera poco, en más de un caso, han revictimizado y culpado a quienes sufrieron las violaciones a derechos humanos. Finalmente, el presidente suele bañar de insultos, calumnias y descrédito a los periodistas que cubren los casos de violaciones a derechos fundamentales.
Con estos cuatro elementos, López Obrador busca evadir la responsabilidad de las violaciones a derechos humanos cometidas bajo su presidencia, e intenta proyectar la idea de que basta con su presunta buena voluntad y su palabra de honor para que el Estado mexicano sea respetuoso de los derechos fundamentales.
Bajo esta lógica, habría una línea divisoria clara entre las violaciones a derechos humanos perpetradas durante este sexenio y los anteriores.
Antes, la responsabilidad de las violaciones a derechos humanos era claramente atribuible al gobierno en turno e incluso al mismísimo jefe de Estado, el presidente de la República. Ahora, la responsabilidad es difusa, ambigua y, si acaso existe, queda en manos de los perpetradores materiales, funcionarios de bajo nivel, pero jamás escala a los altos mandos, ni mucho menos al titular del Ejecutivo federal.
Antes, el gobierno represor, encabezado por un presidente malévolo, ordenaba al Ejército, a la policía o a otros cuerpos de seguridad “reprimir al pueblo”. Ahora, el gobierno, liderado por un presidente humanista, por un auténtico luchador social, respeta plenamente los derechos y las libertades. Y si llega a ocurrir algo, es por un error humano de un soldado o un policía que faltó al respeto a la voluntad magnánima del mandatario.
Antes, el discurso de culpar a las víctimas era inhumano e indignante; ahora es muestra de una preocupación genuina del presidente para esclarecer los casos. Antes, la prensa que investigaba las violaciones a derechos humanos era periodismo libre, necesario para dar a conocer las atrocidades a la sociedad; ahora es “prensa sicaria”, que sólo busca “desestabilizar a la cuarta transformación”.
Este doble rasero no sólo es hipócrita, absurdo y no se sostiene en la realidad, sino que también es nocivo para la vida pública, pues dificulta la rendición de cuentas, la investigación de las violaciones a derechos humanos, la reparación del daño a las víctimas y sus familiares, así como las garantías de no repetición.
Hay que aclarar algo: sólo los Estados (si se quiere simplificar: los gobiernos) cometen violaciones a derechos humanos, ya sea por acción o por omisión. Los particulares no son responsables de las violaciones a derechos humanos, sino el Estado por no protegerlos y garantizarlos. Un funcionario operativo de bajo nivel no es el único culpable de una violación a derechos fundamentales; lo es también el Estado que pone en marcha políticas públicas violatorias de derechos humanos.
Con esto no quiero decir que López Obrador es directamente responsable de todas las atrocidades cometidas por autoridades gubernamentales durante su presidencia, pero sin duda tiene un grado importante de responsabilidad en la comisión de los crímenes y debería tener un nivel aún mayor de compromiso en el esclarecimiento de los casos, la investigación y persecución de los delitos, y el seguimiento a la reparación del daño a las víctimas.
Si ayer culpamos al Estado —encabezado por Calderón y Peña Nieto— por el incendio de la Guardería ABC y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hoy debemos responsabilizar al Estado —presidido por López Obrador— por la muerte de los 40 migrantes en Juárez. Ayer y hoy, fue el Estado.
Por más que el presidente busque desviar la atención y difuminar las culpas con sus tretas discursivas, no hay cómo evadir la responsabilidad: la muerte de los migrantes se explica por una política migratoria establecida, impulsada y defendida por este gobierno y por nadie más.
Así pues, le corresponde a este gobierno y a nadie más investigar los hechos, esclarecerlos, castigar a los culpables, brindar garantías de no repetición aboliendo la actual política migratoria y organizar una disculpa pública pronunciada por el mismísimo presidente. Eso sí los haría diferentes a “los de antes”.
__________________
Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
