Los problemas estructurales que merman año con año al erario no han recibido la atención que requieren durante esta administración. Lejos de “transformarlos para bien”, los agravan. Tras las aportaciones del Gobierno federal a Pemex yace el costo de oportunidad de las mismas, que tiene un efecto directo y negativo en el bienestar de las personas.
Tomemos en cuenta que la inversión pública en infraestructura está en mínimos históricos, lo que impide la mejora en la cobertura y calidad de los servicios públicos. Así es: no para de caer. Decreció 9.6% durante los cinco primeros meses de 2021 en relación con el mismo periodo del año anterior. La inversión en infraestructura de educación básica está prácticamente desaparecida: desde 2013 ha caído 54%, como vimos en mi columna anterior. Se recortó el 15% de enero a mayo de 2021 en relación con el mismo periodo del año pasado, a pesar de que todavía 27% de escuelas públicas de educación básica no cuentan con servicio de agua potable, 31.6% no cuenta con lavabos de manos y 17.3% no tiene sanitarios independientes, servicios vitales para mantener la higiene de los usuarios en el regreso a clases.
También hay recortes en los subsidios para la atención de la salud en el principal programa del Insabi. Como ven, el lema de “Primero los pobres” no se sustenta en los hechos.
Hacer berrinche tratando de dar marcha atrás en las reformas estructurales aprobadas en los últimos sexenios es fácil. Lo difícil es cuidar los recursos públicos, transformando los problemas en nuevas oportunidades de desarrollo.
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Notas del editor: la autora es coordinadora del programa de Gasto público de México Evalúa.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.
