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#ColumnaInvitada | Consultas, certezas e inversión

La consulta realizada el fin de semana sobre la operación de la planta cervecera Constellations Brands es una forma de darle la vuelta a la ley y a la determinación del Poder Judicial.
mar 24 marzo 2020 07:01 AM
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Director @eleccionesymas profesor @UPMexico y miembro @BMA_Abogados

En medio de la tormenta informativa que acompaña la crisis de salud que vivimos y la contingencia implementada para tratar de frenar su avance, puede ser complicado dar seguimiento a otros eventos, pero no por ello debemos perderlos de vista. Si bien en este momento casi cualquier otro tema parece menos relevante que la emergencia mundial por el COVID-19, hay acontecimientos cuyas consecuencias a futuro también pueden ser fatídicas para el país y por ello también merecen nuestra atención.

Uno de estos eventos a los que me refiero es la consulta realizada este fin de semana en Mexicali, Baja California, para decidir si la empresa Constellation Brands podía terminar de construir y operar una planta de cerveza en esa zona, siendo el tema de fondo el agua necesaria para la operación. El 73% de los participantes rechazó la construcción de la planta cervecera, mientras que el 22% la apoyó, aunque aún no hay resultados certeros. Las primeras estimaciones ponen el universo de votantes en un poco más del 2% de padrón de electores de la zona.

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Nuevamente, tal como ocurrió con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se trata de una consulta realizada fuera la ley. A pesar de que la ley electoral de Baja California contempla mecanismos de democracia directa como: referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, consulta popular y presupuesto participativo, el gobierno federal, sin cumplir los estándares democráticos mínimos que requieren este tipo de instrumentos y en contra de las recomendaciones sanitarias actuales, convocó a la ciudadanía a participar en este ejercicio. Esto a pesar de que la construcción de la planta cervecera tiene un avance muy importante, superior al 60% de la obra.

Como si no bastara la ilegalidad de la consulta de este fin de semana, hay que recordar que se había intentado convocar a esta consulta por la vía legal previamente, lo cual fue parte de importantes litigios ante las instancias electorales del país. Dichos recursos fueron del conocimiento de los tribunales electorales (local y federales), los cuales señalaron que la consulta no puede proceder cuando ésta verse sobre actos administrativos que afecten la propiedad privada, cuestión que es cosa juzgada. Por lo que la consulta realizada el fin de semana es una forma de darle la vuelta a la ley y a la determinación del Poder Judicial.

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La actual administración federal ha dejado claro que éste es el estilo de toma de decisiones que prefiere, en la que a partir de consultas a modo y sin ningún rigor, se decide el futuro de obras de inversión pública y privada, las cuales constituyen el arma idónea para justificar su aprobación o rechazo pues «se tiene el respaldo popular». Desafortunadamente, como ya hemos visto en otros casos, dado que estos ejercicios y posteriores decisiones se realizan al margen de la ley −es decir, no hay un acto propio de autoridad que las sustente, ni un marco legal que establezca las reglas−, es difícil que se pueda acudir ante los tribunales para detener la ilegalidad. Resulta frustrante sentir que estamos amarrados de las manos para contender este tipo de actos.

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Este estilo de gobernar tendrá importantes repercusiones no solo en la economía local, sino que en esta ocasión, de seguir adelante con la decisión de suspender la construcción y operación de la planta, la medida podrá ser materia de un litigio internacional ya sea a través de las nuevas instancias previstas en el T-MEC o en algunos de los organismos internacionales de los que México es parte, habrá que ver en qué acaba este asunto.

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Independientemente del desenlace que tenga el asunto de Constellation Brands, el gobierno envía una muy mala señal en dos sentidos primordialmente. En el económico, no ofrece certezas ni seguridad sobre las inversiones privadas en la víspera de lo que será una profunda crisis económica de grandes proporciones; y en lo político, reitera que sus decisiones se toman a partir de acciones al margen de la ley, lo cual sin duda constituye un riesgo para nuestra democracia.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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