El procedimiento de juicio político al presidente de Estados Unidos (impeachment) parece sencillo. La Cámara de Representantes arma el caso y lo investiga. Si una mayoría de sus integrantes encuentra que cometió actos imputables, lo acusa. El Senado se erige entonces como jurado. Si dos terceras partes de los senadores lo encuentran culpable, el presidente es removido del cargo. Parece sencillo, sí, pero no lo es. Alexander Hamilton, en El Federalista LXV (1788), explicó por qué:
“Un tribunal bien constituido para sujetar a proceso a los funcionarios públicos es un objeto tan deseable como difícil de obtener en un sistema de gobierno democrático. Su jurisdicción comprende aquellos delitos que proceden de la conducta indebida de los hombres públicos o, en otras palabras, del abuso o violación de un cargo público. Poseen una naturaleza que puede correctamente denominarse POLÍTICA, ya que se relacionan sobre todo con daños causados de manera inmediata a la sociedad. Por esta razón, su persecución raras veces dejará de agitar las pasiones de toda una comunidad, dividiéndola en partidos más o menos propicios o adversos al acusado. En muchos casos, se ligará con las facciones ya existentes, y pondrá en juego todas sus animosidades, prejuicios, influencia e interés de un lado o de otro; y en esas ocasiones se correrá un gran peligro de que la decisión esté determinada por la fuerza comparativa de los partidos, en mayor grado que por las pruebas efectivas de inocencia o culpabilidad”.
