#VocesADN | Vamos por mal camino en materia de seguridad
@frarivasCoL
Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad.
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Mientras el homicidio en nuestro país sigue rompiendo récords, Colombia ha venido reduciendo su tasa de manera sostenida. En 2018, la tasa de ambos países llegó a ser la misma, 25 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Para ponerlo en contexto, recordemos que hace 12 años la tasa de homicidio doloso del país suramericano era del doble, mientras que la del nuestro, era de 9.34 por cada 100,000 habitantes.
El pasado lunes 13 de mayo tuve el gusto de coincidir en un panel sobre seguridad con el general Óscar Naranjo, exvicepresidente y ex titular de la Policía Nacional Colombiana, en un evento organizado por el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego (UCSD), donde precisamente discutimos el rumbo que ambos países han tomado para enfrentar la delincuencia y la violencia.
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Si alguien fue un actor clave de los resultados que han disminuido la violencia y construido instituciones en Colombia, fue precisamente Naranjo.
El ex titular de la Policía Nacional propuso cuatro ejes como elementos determinantes de la mejora de su país:
- Más democracia, más respeto a los derechos.
- Construcción de instituciones.
- Colaboración entre actores sociales.
- Usar inteligencia para prevenir y reaccionar al fenómeno delictivo.
Naranjo considera que la participación ciudadana, a través de organizaciones, colectivos, organismos empresariales, es fundamental para construir un sentido de corresponsabilidad y actuar en áreas donde la autoridad no logra llegar.
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Asimismo, es fundamental que el Estado opere en su conjunto, articulando las diversas instituciones y poderes.
Estos elementos previos deben llevar a que cuando el Estado reaccione, lo haga minimizando los costos sociales y logre atacar el problema desde su origen hasta los efectos.
Además, Naranjo advirtió sobre el riesgo de criminalizar la pobreza, de confundir programas sociales con una política social y simplificar el problema de manera que las acciones sean insuficientes.
Ante la crisis de violencia que vive nuestro país, es importante aprender las lecciones nacionales e internacionales que han demostrado resultados, sustraer lo replicable de cada modelo, teniendo siempre en la mira que el contexto de cada sociedad y que las manifestaciones delictivas son diferentes.
La lección que nos comparte Colombia es que vamos exactamente en la dirección contraria.
En los primeros cinco meses del nuevo gobierno federal se ha apostado por el populismo penal, la violación de la norma, la militarización de la seguridad, el debilitamiento institucional, la división social, la desacreditación de expertos, se privilegia la opinión individual por encima de la información, se simplifica el diagnóstico de las causas de la violencia al tiempo que se criminaliza la pobreza.
¡México va en el camino opuesto a lo que se necesita!
Si comenzamos por analizar cómo el actual Congreso, impulsado por el Ejecutivo federal, amplió el catálogo de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa , sin haber fortalecido previamente la procuración de justicia, tenemos un latente peligro en la violación de derechos de todos los mexicanos y un franco retroceso para el país.
Poner en marcha la Guardia Nacional sin las leyes reglamentarias es un error y una franca violación del marco normativo que debilita nuestro Estado de Derecho.
Prometer resolver los problemas de seguridad del país a través de esta institución, sin un proyecto de fortalecimiento de las policías locales, a sabiendas que el 90% de los delitos son del orden común y de competencia local, es una mentira y un error.
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Dividir a la sociedad en buena y sabia de la sociedad fifí, corrupta y conservadora, no sólo es discriminación, sino que implica una violación a los derechos humanos.
Elevar a dogma de fe las opiniones del presidente por encima de los datos, de la inteligencia y de la experiencia, debilita la independencia y las capacidades institucionales y vulnera los contrapesos.
De igual manera, fomentar las transferencias económicas directas del Estado a los ciudadanos, asumiendo que con ello lograrán reducir la incidencia delictiva en seis meses, es una sobre simplificación de un problema mucho más complejo.
Lo grave de cometer errores en materia de seguridad y justicia es que las consecuencias de estos se reflejan en la pérdida de vidas de muchas personas, en lesiones físicas y psicológicas irreparables, en que inhibe el progreso y bienestar de comunidades, en cómo debilita la cohesión social, la confianza institucional, y promueve el resentimiento social y la búsqueda de venganza por encima de la búsqueda de acceso a la justicia.
Mientras la sociedad colombiana vive un proceso de pacificación, nuestro país este año se perfila para romper el récord de 2017 y luego de 2018, como el peor año en materia de violencia , en una ruta de errores que parecen imparables, sin mecanismos de diálogo que hagan suponer que el gobierno retomará el rumbo y mejorará el proceso de toma de decisiones en favor de construir un país más seguro.
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