OPINIÓN: Órganos y Sociedad Civil, ni demonios ni santos

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); antagónico al Peñismo, que atentó contra esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - En las últimas semanas, diversas decisiones y declaraciones controversiales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador han detonado una acalorada discusión pública en torno a los órganos constitucionalmente autónomos, y a las llamadas organizaciones de la sociedad civil.

Las posturas se han ido a los extremos. Desde quienes consideran que el presidente ha emprendido una campaña para desarticular las instituciones y eliminar cualquier instancia crítica, hasta quienes consideran que este tipo de instituciones y organizaciones son estorbos para transformar al país.

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Como en buena parte de las discusiones que se han dado en el país desde el pasado periodo electoral de 2018, las posturas se han radicalizado y, en su gran mayoría, se han tornado altamente viscerales y subjetivas.

Por un lado, están quienes hoy defienden a capa y espada la figura de los órganos autónomos, argumentando que son los únicos contrapesos para un presidente que tiene gran concentración de poder a partir de los resultados electorales con los que ganó.

En México, ciertamente, hemos desarrollado una tradición en las últimas tres décadas de crear órganos con diferentes niveles de autonomía para resolver problemas que el gobierno no atendía. Y sí, en distintas proporciones, estos órganos han traído mayor orden y certidumbre legal.

Así, construimos órganos electorales como el IFE, hoy INE, y el TEPJF; económicos como la COFECE o la ASF; pro derechos, como la CNDH o el IFAI, hoy INAI; especializados como la CRE o la CNH; y se reformaron la SCJN y el Banco de México para darles plena independencia y autonomía.

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Pero quienes hoy defienden ciegamente este tipo de instituciones, parecen olvidar que no han estado exentas de serios problemas por conflictos de interés. Hoy, pareciera que por primera vez un gobierno atenta contra ellos y busca cooptarlos.

Deberíamos tener muy claro en la actual discusión, que estas instituciones ya venían seriamente debilitadas por gobiernos anteriores, particularmente de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Algo en lo que el actual presidente tiene razón, es que muchos órganos estaban plagados de conflictos de interés.

En este espacio recientemente hablamos de los serios problemas de ética de los Magistrados del TEPJF, impuestos por Emilio Gamboa y Roberto Gil. Tenemos muchos otros casos, como Ximena Navarrete del INAI, hoy Diputada Federal del PRI. O Marco Baños, Consejero del PRI en el INE. No podríamos olvidar a Paloma Merodio, impuesta por Meade en el INEGI.

Ante la polémica actual de la CRE, hay que cuestionar la renuncia de cuatro consejeros. Puede ser genuina su razón de incompatibilidad con el nuevo gobierno. Pero, ¿lo ético no sería mantenerse, justamente para defender la institución? Su renuncia genera dudas sobre su honorabilidad.

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Un caso distinto es el del presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, contra quien el presidente López Obrador ha emprendido una guerra irresponsable y mezquina. García Alcocer está demostrando un compromiso real con la CRE y, con ello, verdadera autonomía.

Del lado contrario a los defensores a ultranza están quienes denuestan en toda oportunidad a los órganos autónomos, argumentando de manera infantil que solo buscan obstaculizar al nuevo gobierno para mantener su situación de privilegio y corrupción, a favor de quienes los pusieron.

Verlo con este nivel de simplismo evidencia que estos críticos a ultranza no conocen el entramado legal e institucional de nuestro país, ni la historia de estos órganos y las razones de su creación. Son ciegos paladines de lo que ellos interpretan en los mensajes de su líder.

Un caso similar es el de la controversia en torno a las organizaciones de la sociedad civil. Ante la reciente decisión de quitarles presupuesto público, muchos se han rasgado las vestiduras y han tildado al gobierno de autoritario y dictatorial.

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Nuevamente, la situación no es blanco y negro. Es bien sabido que en México hay bajísimos niveles de participación ciudadana, y que muchas OSCs han sido formadas al amparo de los gobiernos en turno, y se han dedicado a vivir del erario para respaldar a sus mecenas.

Pero es también un grave error poner a todas en la misma categoría. Lo responsable sería hacer una revisión minuciosa de las que reciben recursos públicos, identificar las manzanas podridas, y reconfigurar los criterios de apoyo, privilegiando a las que trabajan donde el Estado es incapaz.

Lamentablemente, lo que resulta evidente y preocupante es que está faltando seriedad tanto en el gobierno, como en quienes critican de manera intestina y subjetiva. Se está perdiendo la capacidad de ver los matices.

Es claro que hay altos niveles de cooptación en algunos órganos reguladores y autónomos. Es evidente que hay conflictos de interés. Es obvio que hemos abusado en el número de órganos, y que han resultado demasiado onerosos, en algunos casos con pocos resultados.

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Pero si el gobierno realmente busca una transformación positiva, tendría que promover una profunda revisión y depuración de los órganos, no atacarlos. Tendría que entrarle a la discusión de esquemas de nombramiento más sólidos, con involucramiento de instituciones externas.

La mejor manera de demostrar su intención sería proponiendo perfiles serios y probos; pero al contrario, este gobierno ha enviado ternas tan o más cuestionables que los anteriores. Basta ver las tres propuestas a la SCJN; o las inverosímiles cuatro ternas para la CRE.

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El presidente se equivoca en su caprichoso embate, por más atinado que sea su diagnóstico. El problema institucional es serio, y no es con persecuciones políticas infantiles como se resolverá. Primero tendría que demostrar que en su propio gabinete no hay profundos conflictos de interés, por ejemplo en Turismo, en la Oficina de la Presidencia, en la planeación aeroportuaria, etcétera.

Ante un problema tan serio no podemos ni satanizar ni santificar; ambos lados están equivocándose. Dice un buen amigo: la culpa de clase es tan mala consejera como la ceguera de clase. Nos están cegando nuestras fobias y prejuicios, y eso sóolo empeorará al país.

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