#VocesADN | Ley Taibo: negligencia inmoral
Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); antagónico al Peñismo, que atentó contra esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - El pasado jueves los Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, que quita el candado que impedía que Paco Ignacio Taibo II dirija, o mejor dicho dinamite, el prestigiado y consolidado Fondo de Cultura de Económica, a pesar de sus vulgares e irresponsables declaraciones.
Esta reforma no es más que una nueva manera de establecer privilegios desproporcionados por parte del gobierno. Es replicar prácticas que tanto criticó el presidente a los gobiernos anteriores, pero peor, ya que se cambian leyes a modo para beneficios meramente personales.
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Mucho podríamos hablar sobre la evidente falta de preparación y capacidades de Taibo para dirigir el FCE. Sus propias declaraciones, anacrónicas y desinformadas dejan ver que esta será una etapa de desmantelamiento de una de las instituciones más prestigiadas del país. Un costoso capricho.
Pero el problema de fondo con esta reforma es que, por la manera tan irresponsable de realizarla, cancela la posibilidad de abordar de manera integral y eficaz un problema real y profundo en México: las incongruencias constitucionales que generan mexicanos de primera, segunda y tercera.
Nuestra Constitución reconoce dos maneras de ser mexicano: por nacimiento y por naturalización. Pero discrimina entre mexicanos por nacimiento, que tienen plenos derechos; mexicanos por nacimiento con doble nacionalidad, que pierden derechos; y mexicanos por naturalización, que tienen aún más restricciones.
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Esta discriminación se da a partir de la reforma constitucional de 1997 para permitir la Doble Nacionalidad y dar, en teoría, mayores beneficios a muchos mexicanos. Y se refrenda en la Ley de Nacionalidad de 1998, que reglamenta la citada reforma constitucional.
Por descuidos jurídicos de la reforma de 97, y por la falta de armonización legal, en el Capítulo “De los Mexicanos”, de la Constitución, se establecen supuestos que obligan a perder la calidad de mexicano por nacimiento a quienes opten por tener una segunda nacionalidad, o a renunciar a la segunda nacionalidad para mantener esa calidad.
Para los mexicanos por naturalización, la situación empeora, ya que tanto la Constitución como la Ley de Nacionalidad establecen causales de pérdida de nacionalidad desproporcionales que incluso obligan al desconocimiento de la cultura de origen, contraviniendo no sólo el Artículo Primero sino diversos compromisos internacionales del Estado Mexicano.
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Todo esto entra en abierto conflicto con la reforma de 2001 al artículo Primero Constitucional, que prohíbe cualquier tipo de discriminación motivada por, entre otras causales, origen étnico o nacional.
Adicionalmente, la reforma constitucional de 2011 reconoció explícitamente a los derechos humanos como derechos inherentes a la persona, diferenciados y anteriores al Estado, y los dotó de pleno reconocimiento y protección constitucional, con lo cual es incongruente el artículo 32.
Por otro lado, en derecho internacional el derecho a la nacionalidad es inherente a toda persona, y está previsto en diversos instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es claro que el problema de nacionalidad es México es de grandes magnitudes, y resulta urgente corregir y modernizar nuestra Constitución, la Ley de Nacionalidad y las leyes que regulan aspectos de derechos y obligaciones en la materia; entre ellas, la de Entidades Paraestatales.
Ciertamente, uno de los aspectos más violentados por el marco constitucional y legal es el acceso a diversos cargos públicos, el cual debería garantizarse en condiciones de igualdad, según los méritos y capacidades inherentes a cada cargo, y no por requisitos irracionales o discriminatorios.
Sin embargo, el tema es de tal relevancia que se remonta incluso a la Constitución de 1917, por lo que no es haciendo reformas legales focalizadas como se va a solucionar. Al contrario, este tipo de reformas solo complican más el entramado legal.
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Resulta evidente, con la reforma aprobada, que el Gobierno no tiene la intención de garantizar los derechos de los mexicanos, por nacimiento o naturalizados, con o sin doble nacionalidad; lo que busca es garantizar privilegios a personas específicas, contraviniendo así nuestra Constitución.
Situación que se agrava al ser beneficiario una persona que claramente ha mostrado un total desprecio por la institución que ahora dirigirá, y una evidente falta de vocación por el servicio público.
Hacer modificaciones legales inconstitucionales, que generan incongruencias jurídicas y establecen privilegios focalizados también es corrupción; y si no fuera corrupción, pues al menos, como dice el propio presidente, es inmoral.
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Todo mexicano debe ser considerado como tal, y debe tener garantizado el pleno ejercicio de sus derechos, siguiendo los principios de universalidad y no discriminación.
No podemos negar que muchos de quienes han llegado a México han aportado con su intelecto, pasión y esfuerzo, a formar y definir el país que hoy conocemos. Pero estos mexicanos no son prioritarios para este gobierno, solo lo es Taibo.
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