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OPINIÓN: Una oportunidad para mejorar las condiciones de seguridad

La presente administración debe evitar los graves errores cometidos durante la última década en materia de seguridad y resolver con planes bien estructurados, opina Francisco Rivas.
lun 03 diciembre 2018 10:28 AM

Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad. Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - Con la fuerza política que le brindan las mayorías en ambas Cámaras y 20 Congresos locales para impulsar y aprobar reformas constitucionales que le garanticen el control absoluto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la gran oportunidad de mejorar las condiciones de seguridad en el país que se encuentra sumido en la peor crisis de violencia de los últimos 22 años.

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La presente administración debe evitar los graves errores cometidos durante la última década en materia de seguridad y resolver con planes bien estructurados y programas definidos esta crisis de incidencia delictiva y violencia.

Para coadyuvar en este esfuerzo por alcanzar la paz que todos anhelamos, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), le reiteramos al nuevo gobierno nuestra disposición para brindarle la experiencia recogida en el proyecto Por un México Seguro, donde analizamos las propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia y a las nueve gubernaturas, así como el análisis que realizamos de los resultados de los foros de Paz y de su Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS) para que deje de ser solo un ejercicio de reflexiones y aspiraciones y se convierta en una verdadera política pública, con recomendaciones específicas para su gobierno.

A raíz de esto, podemos afirmar que el PNSP -que en teoría recoge las propuestas de campaña y las recomendaciones de los foros-, fue un ejercicio sin precedente ya que ningún equipo de transición había plasmado, previo al inicio de su gobierno, las áreas de trabajo que habría de abarcar.

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Sin embargo, en sí mismo el PNPS no es un plan, carece de aquellos factores que permiten el desarrollo de acciones, estrategias y sistemas de evaluación.

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En lo específico carece de un diagnóstico operacional de cada uno de los problemas; de un diseño e implementación de las acciones; de objetivos; de actores clave y responsables; de indicadores de desempeño y resultado; de un presupuesto, inversiones, reasignaciones y recortes; de un ejercicio de identificación de las transformaciones normativas e institucionales requeridas para llevarlo a cabo; del análisis de los retos que enfrenta para lograr la exitosa implementación; de mecanismos previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de la política pública; al tiempo que no especifica las diferencias entre la política que propone y las que se han llevado a cabo anteriormente.

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Este plan simplifica de una manera relevante el combate a temas tan complejos como la corrupción, la delincuencia organizada y de personas desaparecidas; asume que nada se ha hecho o explorado previamente, por lo que las generalizaciones llevan a ideas ya propuestas que han fracasado, como la militarización de la seguridad.

Sorprende que no todas las propuestas pronunciadas durante su campaña presidencial o en los foros fueron recuperadas en el Plan Nacional, de hecho, no hay mención de los siguientes temas:

• La sustitución de cultivos ilegales.
• Atención a víctimas.
• Destinación de los recursos incautados a programas de prevención social y reparación del daño.
• Contraloría Ciudadana con autonomía funcional.
• Plan de independencia tecnológica.
• Reactivación de Plataforma México.
• Creación de un órgano superior de inteligencia.
• Propuestas dirigidas a la figura policial (rediseño de la carrera policial acorde con el Sistema de Justicia Penal Adversarial, enseñanza de nueva ética policial, etc.).
• Inflexión de los índices de violencia en un plazo no mayor a los 180 días.
• Cambio del paradigma de uso exclusivo de la fuerza por el de seguridad humana.
• En el tratamiento de las adicciones, se mencionó que se podría especial énfasis en los consumidores de cristal por los efectos violentos que genera.
• Búsqueda de una participación, más eficaz y más comprometida, del gobierno de los Estados Unidos en el mercado de armas.
• Política de Cero Tolerancia. Las principales acciones del Gobierno federal consistirían en la depuración de las administraciones, así como la erradicación del influyentismo, sobre todo en las áreas de seguridad y justicia.

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Algunas de las propuestas preocupan más que otras, tales como la militarización de la seguridad pública y la amnistía generalizada.

En el primer caso, sorprende la insistencia por desarrollar una Guardia Nacional con mando militar, que canibalizará a la Policía Federal y a la Policía Federal Ministerial en abierta contradicción con el discurso de campaña y con 12 años de posturas en contra el uso de las fuerzas armadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; al tiempo que con esta decisión, ignora las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales -incluso de aquellas instituciones como Naciones Unidas y Comisiones de Derechos Humanos que en campaña prometía invitar a ser observadores en México- quienes hemos manifestado que este es un grave error.

En el segundo, el plan usa casi como sinónimos reducción de penas, justicia restaurativa y amnistía pese a que son procesos absolutamente diferentes, con consecuencias sociales diferentes.

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Además, es relevante recordar que la justicia restaurativa jamás se ha utilizado para casos de delincuencia y en los países donde ha funcionado el uso de colaboradores de justicia, se ha instrumentado la reducción de penas, jamás de amnistía.

Otro craso error sería comenzar de cero la búsqueda de personas desaparecidas tal y como lo adelantó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, tras considerar que los mecanismos y leyes a la fecha “son inservibles”, lo que implica desperdiciar el trabajo realizado hasta el momento por los colectivos, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Búsqueda.

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Presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente recibe un país con una grave crisis de violencia, con una dispersión territorial de delitos que hacen diferentes cada caso, en el ONC ofrecemos apoyo y asistencia con base en nuestra experiencia, al tiempo que esperemos no cometa lo mismos errores del expresidente Peña, que se anquilosaba en sus decisiones y decidió no escuchar a la sociedad civil ni a las víctimas ante los errores que lo llevaron a entregar al país sumido en la peor crisis de violencia de su historia.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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