OPINIÓN. Foros y consultas: ¿demagogia o democracia?

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(ADNPolítico) - Uno de los temas que más ha acaparado la agenda nacional las últimas semanas es la intención del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una consulta nacional para decidir el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Más allá de la polémica natural relacionada con el NAIM desde la etapa electoral, la idea de realizar la consulta ha generado una controversia igual de intensa. Las posturas son muy variadas, desde el extremo de llamarlo un acto populista, hasta el extremo de llamarlo un acto de profundización de la democracia participativa.

En México no existían mecanismos legales para la realización de consultas, hasta que con la reforma política de 2012 se estableció la figura de Consulta Popular en la Constitución; la ley reglamentaria de esta figura fue emitida hasta 2014, después de la reforma política electoral de 2013.

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La figura de Consulta Popular tiene algunas características principales: sólo puede realizarse junto con elecciones federales (presidenciales o intermedias), tener un mínimo de firmas ciudadanas que deben ser verificadas por el INE, la pregunta debe ser validada por la Suprema Corte y algunos temas nacionales definidos en la Constitución no son sujetos a consulta.

La única Consulta Popular que se ha realizado es la de 2015 sobre la pertinencia de eliminar o no a los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales (cabe destacar que este término sólo aplica a diputados, pues para el Senado se les conoce como de lista nacional). Curiosamente, la consulta no fue promovida por sociedad civil, sino por los tres principales partidos políticos en ese momento: PRI, PAN y PRD.

Sin embargo, no estamos en proceso electoral federal, por lo que la consulta que busca hacer el presidente electo el octubre no puede ser bajo la figura de Consulta Popular. El detalle es que ni él, ni su equipo de transición han especificado qué esquema se piensa usar para la consulta del NAIM. Cualquiera que sea, en principio, no puede tener vinculación legal.

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Pero la principal duda de fondo es si un tema tan especializado y técnico como un aeropuerto debe ser sujeto de un proceso de consulta abierta a la sociedad. Se han recordado procesos como el del Reino Unido para el Brexit, o el de los Acuerdos de Paz de Colombia. Un sinsentido compararlos pues tienen naturalezas y orígenes muy distintos.

Los procesos de consulta abiertos, en principio, deberían ser instrumentos naturales de cualquier sociedad democrática, pero un tema tan técnico como éste presenta un reto fundamental: la realidad de tener una sociedad plenamente desinformada y desinteresada en los asuntos públicos.

Para lograr una consulta que no sea un mero acto populista de validación de un gobierno (en este caso electo), primero se tendría que realizar un amplio proceso de socialización del tema, con información fidedigna y neutral, situación que no ha ocurrido.

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Definitivamente, la consulta que se planea sobre el NAIM no será un tema que abone ni a la democracia, ni a la toma atinada de decisión. Pero eso no descarta la realización de consultas como un mecanismo útil si es bien realizado y sin sesgos.

Pero por otro lado, están los foros nacionales que se están realizando para el proceso de pacificación y reconciliación anunciado por el presidente electo. Un ejercicio de 18 foros y 25 consultas especiales en todo el país, incluyendo segmentos sociales nunca consultados, como personas en reclusión o las comunidades altamente afectadas por la actual violencia en el país.

Estos foros presentan la oportunidad histórica de pensar con visión integral lo que debe ser la política de seguridad de este país; y con ello revertir los claros y graves errores que han cometido tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto en esta materia.

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Por fin se habla de un proceso de reconciliación y pacificación, con la idea de enfocar la estrategia en proyectos que atiendan realmente las raíces. Con medidas que van más allá del uso de la fuerza. Y con conceptos internacionales tradicionalmente usados en países en conflicto, como la justicia transicional, cultura de paz, no repetición, reinserción y reparación, entre otros.

Foros de esta naturaleza sí son ejercicios legítimos y necesarios, particularmente cuando se consulta a las principales comunidades y sectores poblacionales afectados por la peor oleada de violencia e inseguridad que ha vivido México en décadas. Son mecanismos que sí pueden ayudar a atender una situación tan devastadora como la que hoy vivimos.

Si bien los foros han tenido algunos problemas importantes de organización, sí han funcionado para ayudar a desahogar muchas que de las profundas quejas de buena parte de la sociedad. Falta mucho para que se consideren foros consolidados, pero es un inicio de algo que nunca se había hecho.

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Las figuras como foros y consultas no pueden descartarse de manera automática. Sí son instrumentos útiles para una democracia funcional; sin embargo, deben reconocerse las diferencias, buscar los mejores canales legales para su realización, y entender que no todos los temas pueden ser sujetos a estos instrumentos.

Ojalá que el presidente electo y su gobierno entiendan que no pueden abusar de los procesos de consulta y foros todo el sexenio, o eso mismo podrá deslegitimarlos ante la sociedad. Ojalá que entiendan que no son armas populistas de validación, pero bien hechos sí pueden ser figuras de legitimación.

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