OPINIÓN: La inaplazable reforma del Poder Legislativo

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(ADNPolítico) – El sábado pasado se instaló la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Es la primera vez que el Congreso será de una mayoría de izquierda, con el PRI y el PAN significativamente relegados. Políticos de izquierda de larga data quedan al frente de las Cámaras: Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Monreal y Martí Batres.

En sintonía con lo que el presidente electo ha anunciado como la "cuarta transformación" de México, los liderazgos de Morena en el Congreso han prometido una profunda reforma al Legislativo, priorizando la austeridad y la eficiencia.

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La coalición del presidente electo está ante la gran oportunidad histórica de corregir los vicios e ineficiencias acumulados del Poder Legislativo durante tantos años. Y de revertir la severa partidización y politización, que fue aún más severa los últimos seis años.

La reforma al Poder Legislativo, no sólo en el ámbito federal sino a nivel local, debe ser tomada como un paso indispensable para recuperar la gobernabilidad democrática en México, tan debilitada los últimos dos sexenios.

La ciudadanía hoy coloca al Legislativo en los menores niveles de confianza. En buena medida gracias a su desconexión con la sociedad, y a sus altos niveles de opacidad e ineficiencia. Por eso, es urgente profesionalizarlo, modernizarlo y llevarlo a estándares internacionales.

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Para que una reforma del Poder Legislativo sea real, la prioridad debe ser su profesionalización. En este sentido, es necesario reformar y fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en ambas Cámaras, para lograr verdaderos cuerpos técnicos de apoyo parlamentario y la construcción de una memoria institucional, como sucede en los mejores Congresos del mundo.

Es fundamental establecer un Sistema de Monitoreo y Evaluación del Trabajo Legislativo, bajo indicadores de desempeño. En la Cámara de Diputados, con el liderazgo de Edgar Romo, presidente saliente de la Cámara, se creó el Sistema de Evaluación de la Cámara de Diputados que debe arrancar con la nueva Legislatura, estableciendo un Consejo con participación ciudadana. En una señal muy positiva, Muñoz Ledo elogió el Sistema y se comprometió a implementarlo.

El Senado debe adoptar un Sistema similar lo más pronto posible. Lamentablemente, los últimos seis años se bloquearon esfuerzos serios para hacerlo. Hoy, es el momento histórico para establecer en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión la obligación de un Sistema Integral de Evaluación para ambas Cámaras, replicando y profundizando el esfuerzo hecho en Diputados.

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Otro aspecto urgente, y que ya han mencionado mucho los nuevos liderazgos del Congreso, es la optimización de las Comisiones Legislativas. México es de los países con mayor número de Comisiones de trabajo. Sin embargo, buena parte de ellas no tiene razón de existir. A pesar de que la Ley Orgánica establece 30 comisiones para el Senado, se tienen 64; y en Diputados se tienen 56.

Las comisiones, por ley, deben corresponder a las secretarías con las que cuente el Ejecutivo Federal. Reducir el número de comisiones, bajo la lógica de empate con el gabinete legal y ampliado, daría mucho mayor eficiencia y facilidad de diálogo. Las comisiones se han usado como cuotas políticas, y al tener tantas solo han servido para obstaculizar la dictaminación de temas polémicos o adversos.

Además de reducir las Comisiones ordinarias, creando subcomisiones que permitan desahogar los temas turnados, deben desaparecerse las numerosas comisiones especiales y comités, salvo en casos muy específicos que ameriten su existencia y sean de manera temporal.

Para combatir el rezago legislativo, es necesario establecer mecanismos para abatir la Omisión Legislativa, contemplando temporalidad para la dictaminación de iniciativas y precisando los tiempos en que se desecharán en caso de no abordarse.

Una práctica fundamental es la de regular las audiencias públicas en ambas Cámaras, haciéndolas obligatorias, particularmente para las discusiones nacionales más sensibles. Solo en el Senado está contemplada la figura, por lo que debe llevarse a la Ley Orgánica.

Algo en lo que el Legislativo deja mucho que desear es la transparencia y rendición de cuentas. El presupuesto del Congreso es de lo más opaco. Administrativamente funciona en la plena y cínica informalidad, con muchos de sus recursos manejados en efectivo, y con muchos de sus empleados sin el menor beneficio, ni siquiera de seguridad social.

También se deben revisar las estructuras laborales, ya que muchos de los altos cargos administrativos reciben salarios y beneficios injustificados. Y los trabajadores sindicalizados se han enquistado, apelando a sus derechos laborales para no cumplir con sus obligaciones.

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Debe impulsarse ya la puesta en marcha del Sistema Nacional de Información Legislativa, que permita a la sociedad supervisar en línea la operación del Congreso de la Unión y de los 32 congresos locales, para transparentar así sus trabajos.

Al tiempo que se modifican las plataformas digitales del Poder Legislativo para funcionar bajo los principios de parlamento y datos abiertos. Una obligación internacional que en México hemos aplazado durante muchos años.

Adicionalmente, deben homologarse los periodos de sesiones de ambas Cámaras del Congreso con los periodos de los Congresos estatales. Y es indispensable ampliar la duración de los periodos, aumentando al menos un mes al periodo de septiembre a diciembre, para arrancarlo en agosto; y un mes al de febrero a abril para concluirlo en mayo. El rezago legislativo lo justifica ampliamente.

Hoy más que nunca, conforme se consolida nuestra democracia, los Poderes de la Unión deben funcionar bajo el principio de pesos y contrapesos. El Legislativo claudicó a esa función, y hoy es el momento de recuperarla. La "cuarta transformación" debe demostrar que su intención de cambiar al país para bien es real.

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